Economía y sistemas políticos

Por Francisco Belaunde Matossian. Abogado

Hay quienes persisten en concebir la economía, más en términos de lucha política, que bajo criterios estrictamente económicos. Así, la empresa no es vista únicamente como una entidad dedicada a una actividad comercial o industrial, sino también como una suerte de adversaria política potencial para el Estado, simplemente porque tiene una influencia significativa en el funcionamiento de la sociedad, y, más aun, obviamente, si tiene determinadas dimensiones. Consecuentemente, en ese esquema, el Estado está inevitablemente llamado a medir fuerzas con ella, sometiéndola, no a la legalidad previsible y razonable que todos en un país deben respetar, sino a la voluntad discrecional del Gobierno que, siempre, debe poder patear el tablero de las reglas de juego. Ello, más allá de cualquier reproche que pudiera alegarse contra tal o cual empresa, o razonamiento económico que pudiera esgrimirse, y que finalmente, con frecuencia serán pretextos o argumentos secundarios respeto del enfoque político.

Lo anterior es particularmente aplicable a las inversiones extranjeras, cuya necesidad podrá reconocerse pero que, siempre, serán miradas con recelo, y, por lo tanto, podrá abrírseles las puertas, sí, pero solo a medias y con muchas restricciones.

Por lo demás, en ese horizonte ideológico, los agentes económicos deben estar mucho más condicionados por las decisiones del Estado, y suspendidos a sus cavilaciones y meditaciones sobre el interés general, que lo que sucede en un sistema abierto. La idea de que los artífices del bienestar de la población puedan ser, no un gobierno iluminado, sino un universo de centenares de miles de empresas privadas, grandes y pequeñas que, en un marco legal adecuado y estable, actúan de manera autónoma, es inconcebible o, en todo caso, genera una sensación de vértigo, caos o desasosiego en los que participan de ese esquema ideológico.

Obviamente las nociones de 'dinámica', 'clima' o 'confianza', desaparecen o tienen muy poco peso en el análisis económico, pues implican la idea de autonomía de las reglas de la economía, respecto del activismo político.

Frente a lo anterior, la respuesta adecuada es, sin duda, por un lado, el debate ideológico, pero, sobre todo, hacer que el sistema vigente sea fiel a los principios de economía social de mercado que, constitucionalmente, lo sustentan.

Así, que el Estado se haga respetar no tiene nada que ver con una absurda medición de fuerzas de tipo político con actores económicos, sino con que se haga presente institucionalmente allí donde no está, que sea eficiente en el manejo de los recursos y que haga cumplir las leyes por todos, incluyendo, ciertamente, las de orden ambiental. Ello implica vencer la corrupción y el tráfico de influencias en todos sus estamentos, incluyendo al Poder Judicial. En ese marco, deben darse todas las inversiones que sean posibles, pues, solo por esa vía se puede alcanzar, en el menor plazo, esa meta tan eminentemente social que es la creación de un tejido económico denso y sólido en todo el territorio nacional.