Jueza Carolina Lizárraga dirigirá oficina anticorrupción

Renunciará a la magistratura para asumir nuevo cargo de inmediato. Presidente García descarta duplicidad de funciones. Lo que abunda no daña, dijo

Por Jorge Saldaña Ramírez

En medio de más de un escándalo de corrupción, el presidente Alan García designó ayer a la jueza Carolina Lizárraga como jefa de la nueva Oficina Nacional Anticorrupción. Ella deberá renunciar a la magistratura para asumir de inmediato sus nuevas responsabilidades, según lo anunció ayer el jefe del Estado en conferencia de prensa.

Será la propia Lizárra la que el lunes --tras su renuncia al Poder Judicial-- se presentará ante la prensa para responder todas las interrogantes que ayer no contestó con detalle el presidente, como, por ejemplo, quiénes integrarán el equipo que la acompañará y cuáles serán los parámetros de esta entidad estatal que formará parte del organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros, según el Decreto Supremo 085-2007-PCM.

La norma precisa que el mandato de Lizárraga será de tres años, y que puede asistir al Consejo de Ministros con voz, pero sin voto.

"Como es natural, tiene que estar adscrita a un ministerio por cuestiones presupuestales, pero en cuanto a sus investigaciones, dictámenes y la colaboración que pida a otras entidades, va a ser absolutamente independiente", dijo García.

Adelantó que esta oficina propondrá una cultura anticorrupción, planteará medidas y cambios legales que el Estado asumirá. Iniciará investigaciones cuando las personas o instituciones así lo soliciten. Pedirá colaboración a otras entidades y trasladará denuncias a los procuradores.

Cuando El Comercio le preguntó qué garantizaba que no se diera una duplicidad de funciones con la Contraloría General de la República, que tiene entre sus metas también luchar contra la corrupción, el jefe del Estado reconoció que esa entidad así como el Ministerio Público también luchaban contra ese flagelo. "Lo que abunda no daña. Por el contrario, puede fortalecer y perfeccionar (la lucha contra la corrupción). Estoy presentando un nuevo punto de ataque a la corrupción, que es variada, heterogénea y cuantiosa en nuestro país", arguyó.

Sin embargo, el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara no piensa igual. "Tenemos Contraloría (General), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, (pero) no tenemos presupuesto y una nueva oficina solo distraerán los esfuerzos", comentó ayer en entrevista con CPN Radio.

El nuevo organismo podrá realizar investigaciones de oficio o a iniciativa de parte así como hacer seguimiento y supervisar las políticas públicas a favor de la ética y contra la corrupción.

REACCIONES
JORGE DEL CASTILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
"La Oficina Nacional Anticorrupción no impedirá que se refuerce el trabajo de la contraloría y del Ministerio Público, que deben trabajar mano a mano".

GENARO MATUTE
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
"Lo preocupante es que la nueva organización salga del Ejecutivo. El esfuerzo de la lucha anticorrupción tiene que ser institucionalizado desde fuera".

JAIME CÁCERES SAYÁN
PRESIDENTE DE CONFIEP
"La opinión general que tenemos sobre esta jueza es excelente y todos apoyaremos en la parte que nos corresponde para que su labor resulte lo más eficiente y se evite la corrupción".

LA FICHA
Nombre: Carolina Lizárraga Houghton.
Profesión: Abogada.
Situación familiar: Casada.
Cargo: Jueza del Sexto Juzgado Penal Especial Anticorrupción.
Organización: Ingresó a la judicatura el 24 de abril del 2002 para asumir el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima. A inicios del 2003 fue designada titular del Segundo Juzgado Anticorrupción y después se le asignó el Sexto Juzgado Anticorrupción en reemplazo del juez Saúl Peña Farfán. Entre los sonados casos que tuvo a su cargo se menciona el del grupo Colina y la falsificación de firmas para la inscripción del partido País Posible. Hace poco abrió proceso contra el ex jefe del SIS Julio Espinoza. Lizárraga egresó de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Yale (Estados Unidos) y un doctorado de la Universidad de Salamanca (España).