Dice que no quiere socavar al Poder Judicial, fiscalía ni a la contraloría. Buscará elevar valores con apoyo de la escuela y la prensa
Por Ítalo Sifuentes Alemán
Apenada, temerosa y cansada fueron los tres estados de ánimo con que ayer se definió la ex magistrada Carolina Lizárraga durante su presentación como la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), a cargo del presidente Alan García en Palacio de Gobierno ante la prensa.
Lizárraga dijo estar apenada por haber dejado el Poder Judicial, al que consideraba su segunda casa; temerosa por "asumir este cargo que no es nada fácil aceptarlo porque implica una gran responsabilidad", y cansada porque se habla mal de los jefes de Estado, los congresistas y los jueces.
Aun así, la jefa de la ONA no mostró ninguna pena, temor o cansancio cuando dijo que "lamentablemente desde hace mucho tiempo son públicas las rivalidades profesionales entre diversos sectores que por buscar un excesivo protagonismo en las investigaciones de actos ilícitos terminan minando su logro satisfactorio, de lo que resultan como únicos beneficiados los delincuentes".
"Realmente estoy cansada, como creo que todos lo estamos, de que permanentemente y sin ningún reparo se hable mal de las instituciones del Estado", señaló la ex magistrada, quien pidió más respeto para las personas y las instituciones públicas.
Para que no queden dudas de su buena voluntad, refirió que el papel de la ONA no será desinstitucionalizar la labor de otros organismos sino fortalecerlos, articulando todos los esfuerzos de las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la contraloría, la Policía Nacional, los medios de comunicación, las instituciones educativas y la sociedad civil. "No es que se vaya a ofrecer en esta oficina recursos que podrían ir a otros organismos, sino, por el contrario, una de las funciones será velar por que tales instituciones funcionen de manera correcta y, obviamente, incluye que cuenten con los medios suficientes", manifestó.
LOS SIETE PUNTOS
Lizárraga señaló que la creación de la ONA "no es antojadiza sino el fruto del diálogo, del consenso, que se ha venido dando en todos los sectores de la sociedad desde hace varios años. Entre otros, se basa en las recomendaciones planteadas en la iniciativa nacional anticorrupción creada en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, en el Acuerdo Nacional suscrito durante el gobierno de Alejandro Toledo y en el proyecto de Plan de Lucha contra la Corrupción que tuvo como ente impulsor el actual Ministerio de Justicia".
Acto seguido indicó que el Plan de Lucha contra la Corrupción se resume en siete aspectos, entre ellos promover la creación de un sistema anticorrupción articulado y fortalecido mediante un órgano rector que haga viable el sistema nacional de la lucha contra la corrupción. También institucionalizar en la administración pública las prácticas del buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha eficaz contra la corrupción.
Otro objetivo es articular una estrategia judicial contra la corrupción eficaz e integral mediante la modernización del sistema de administración de justicia y la optimización de los órganos de control del Poder Judicial.
Igualmente, promover prácticas en el sector empresarial para combatir la corrupción, desarrollando una cultura ética y de promoción de denuncias en su interior, así como fomentando pactos entre empresa y Estado para prevenir la corrupción.
Lizárraga también enfatizó en la necesidad de promover la activa participación de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción "fortaleciendo su papel en la difusión de valores éticos y en la denuncia de actos de corrupción".
Refirió que había que lograr el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la corrupción mediante el fortalecimiento de los valores éticos a través del sistema educativo.
Por último, resaltó como otro objetivo desarrollar esfuerzos concertados internacionalmente en la lucha contra la corrupción nacional, mediante la implementación de acuerdos internacionales suscritos.
OPINIONES
"Carolina Lizárraga tiene que reforzar y cuidar muchísimo su independencia y su autonomía, porque ya (la ONA) nace con un problema de credibilidad muy serio. Para revertir esa situación y para generar confianza, ella tiene que dar señales muy claras"
CECILIA BLONDET
DIRECTORA DE PROÉTICA
"Mi temor es que desde esta Oficina Nacional Anticorrupción se pretenda interferir en las investigaciones que realiza la contraloría; sin embargo, debo admitir que la presencia de una persona como Carolina Lizárraga reduce considerablemente este riesgo"
GENARO MATUTE
CONTRALOR GENERAL
"Es necesario ver cómo se desenvolverá Lizárraga en el nuevo cargo y, sobre todo, esperar que aplique propuestas innovadoras para evitar que se dupliquen los esfuerzos desplegados por otras instituciones, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la contraloría"
CARLOS BRUCE
CONGRESISTA
CLAVES
Con el mismo sueldo de jueza
4 Carolina Lizárraga indicó que ayer renunció al Poder Judicial y que el sábado se había despedido del titular de ese poder del Estado, Francisco Távara.
4Dijo que para desempeñar su nuevo cargo había pedido ganar la misma cantidad que percibía como jueza anticorrupción: S/.10.000
4Agregó que mientras esté en la ONA no buscará ningún tipo de protagonismo y que si sentía alguna presión, la hará pública.
4Resaltó que el presidente Alan García se había comprometido a dar a la ONA independencia técnica y profesional.
4Adelantó que se investigarán a fondo los supuestos expedientes archivados en torno al caso del sentenciado por narcotráfico Fernando Zevallos, así como la separación de una jueza que veía denuncias relacionadas al lavado de activos.
DEL CONSULTOR
Independencia y objetivos claros *
El anuncio de la designación de la jueza Carolina Lizárraga como jefa de la flamante Oficina Nacional Anticorrupción ha generado reacciones encontradas. Al margen de un minúsculo grupo que cuestiona su designación por considerar que será manipulada políticamente, en general parece haber consenso respecto de su idoneidad académica y, lo que es más importante, de su ética.
Aun cuando la norma de creación es bastante ambiciosa, error que se cometió con la comisión anticorrupción del anterior gobierno, hay dos elementos centrales que deberá cuidar la nueva institución a fin de cumplir mínimamente con sus objetivos.
En primer lugar, asegurarse la autonomía necesaria para actuar con independencia de cualquier grupo de influencia, político o económico, que la libre de toda sospecha de complacencia con el gobierno actual, más aun si ha sido nombrada por decreto supremo y está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. En segundo término, parece indispensable dedicarle un tiempo a aclarar cuáles serán las prioridades de la ONA, pues la norma, en su afán de darle amplias facultades, la puede llevar a una crisis existencial similar a la que fulminó a nuestro último zar anticorrupción.
En efecto, las oficinas o comisiones anticorrupción en el mundo --salvo el singular caso de la ICAC en Hong Kong y algunas escasas experiencias no muy felices en otros países-- trabajan en el ámbito de la prevención, en el que cumplen un papel fundamental como ente coordinador de políticas intersectoriales en materia de transparencia y políticas que se articulen en torno a un plan nacional anticorrupción.
Asumir facultades investigativas no solo puede encontrar diversas trabas legales, sino que --además de ser la víctima de los celos institucionales de quienes ya tienen asignadas esas funciones-- claramente puede desbordarla por la expectativa ciudadana que genera la creación de este tipo de instituciones y la falta de recursos para cumplir con tan vasta tarea.
José Ugaz. Abogado *