Una imprudencia que alarma y debe poner en guardia a la comunidad internacional es que la nueva Asamblea Constituyente del Ecuador crea tener poderes absolutos como para impugnar los tratados internacionales.
Esperemos que los excesos verbales del presidente de la nueva Asamblea Constituyente, el oficialista Alberto Acosta --quien insiste en que "la asamblea puede impugnar tratados vigentes"--, sean resultado de la confusión conceptual por parte de organismos que suelen ser refugio de gobiernos autoritarios o de políticos a los que el poder llega a obnubilar.
Por principio, para el derecho internacional público los tratados no se revisan ni anulan unilateralmente. Además, son acuerdos de Estado, producto muchas veces de un doloroso proceso, y no pueden sufrir los vaivenes de los cambios políticos coyunturales.
Por eso, la posibilidad de que un país incurra en semejante despropósito constituye un peligroso juego populista y una provocación internacional.