La otra autoridad que necesita recrear el Estado

Juan Paredes Castro

La defensora del pueblo, Beatriz Merino, le ha servido en bandeja al gobierno lo que este necesita para lidiar con el complejo problema del medio ambiente, tan de moda hoy por el calentamiento global como por el "toque verde" que la vida diaria reclama.

Quizás no tengamos que ir hacia la creación de un ministerio del medio ambiente (aunque ello ya distingue a muchos estados modernos del mundo). Bastaría con poner bajo una sola autoridad autónoma a todos los organismos involucrados en la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Se trataría, por supuesto, de una autoridad con poder e independencia de criterio. Algo que pondría a prueba a ministerios como los de Agricultura y Energía y Minas respecto de si estarían en condiciones de desprenderse de importantes áreas especializadas hoy bajo sus subordinadas competencias sectoriales.

El Consejo Nacional del Ambiente (Conam), actualmente más una sigla de adorno que una realidad concreta, podría ser la piedra angular de lo que Merino propone como alternativa válida para enfrentar nuestra supervivencia ambiental y, de paso, para manejar las reglas de juego políticas y sociales en relación con la exploración y explotación de los recursos naturales.

De esta manera no tendríamos al primer ministro Jorge del Castillo en la tarea permanente de sacar las castañas del fuego cada vez que las inversiones en minería, gas o petróleo entran en conflicto con las comunidades locales. Por el contrario, de contar con una autoridad claramente definida en materia ambiental, cualquier eventual conflicto sería de menor costo social y político y en el mejor de los casos nos lo ahorraríamos.

Queda perfectamente claro que la renuencia del gobierno a dotar al país de una autoridad única y competente en el tema ambiental obedecería al temor natural de no poderla controlar. Justamente se trata de eso: de que el gobierno y el Estado comprendan que se beneficiarían de las bondades de una autonomía de este tipo.

¿Cuán posible es que esto pueda calar en medio de la ausencia casi total de una política ambiental madura y eficaz y la constante impotencia gubernamental para atender las expectativas y derechos ciudadanos en materia de desarrollo sostenible?

Desde el problema de la escasez de agua hasta la contaminación minera, pasando por la masiva e incontrolada emisión de bióxido de carbono en la urbe limeña, no hay nada que no toque, en el fondo, la responsabilidad del gobierno y su falta de decisión en la creación de una autoridad única y autónoma en el tema.