Hay garitas que se separan por 13 km. Reglas internacionales recomiendan 100 km. Especialistas piden que se precise tramo mínimo con justificación técnica
Por Elizabeth Salazar
Todo verano viene cargado de sol, playa, descanso y también reclamos. Las quejas por malos servicios o cobros aparentemente injustos salen al sol, y uno de los más recurrentes es el de los peajes. Y, precisamente, en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, en Lurín, se encuentra uno de los más polémicos: la garita de San Pedro. En ella los conductores deben abonar S/.3 para retomar la carretera, pese a que en el kilómetro 19 ya se pagó otra suma igual.
Para Armando Molina, asesor de la Empresa Administradora de Peaje (Emape), el concepto del cobro es el siguiente: "Si uno entra al cine y se demora una hora es porque ya hizo uso del servicio, y debe pagar si quiere volver a ingresar. Pero si solo sale a comprar algo no se le cobra. Y eso es lo que hemos instruido a nuestro personal, si el usuario ya pagó en la garita de Villa y al cabo de unos minutos sale por San Pedro porque se equivocó de ruta, no se le cobra".
En una entrevista anterior Molina señaló a este Diario que el tiempo prudencial era de 15 minutos. Consultado respecto de que obtuvimos comprobantes en los que, pese a haber transcurrido un tiempo menor, igual se exigió el pago, dijo que ahora la tolerancia era de 5 minutos. El asesor reconoció que el tiempo de tolerancia no está normado, solo es una orden verbal. "Pero procuraremos mejorarlo".
Otro peaje que se ubica a corta distancia del siguiente es el del km 64 de la Panamericana Sur y le pertenece al Ministerio de Transportes, en tanto la última garita de peaje del Concejo de Lima se ubica en el km 45. Es decir, se paga por el uso de 19 kilómetros.
Para el ingeniero especialista en temas de transporte, Juan Carlos Dextre, hay una mala concepción del fin que tiene el pago del peaje. "No es el ingreso a un club, el cobro es por el uso de la vía, por lo que esta debe responder a un cálculo real de las necesidades de mantenimiento de la misma". Tanto él como el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, indicaron que el problema principal radica en que no existe una norma nacional que regule las distancias y conveniencia técnica entre un peaje y otro.
"Existen estándares internacionales que estiman casetas cada 100 km, y aunque ello resultaría excesivo en nuestro caso, sí debería haber una regulación para evitar peajes tramposos", indicaron.
Dicha distancia, según el decano del Colegio de Ingenieros de Lima, Javier Piqué, responde a estudios técnicos de mantenimiento, los cuales exigen un promedio de dos dólares por cada 100 kilómetros de carretera, es decir, unos S/.6,20. En Lima, un usuario paga 16 soles por transitar poco más 90 km.
TAMBIÉN EN AV. SEPARADORA
Vecinos como Rubén Espejo y Carlos Andrade también han manifestado su queja por el reciente cambio de sentido de la calle Los Eucaliptos, en La Molina, lo que obliga a los conductores que deseen ingresar a la Av. Separadora Industrial a desviarse por la Av. Javier Prado o Evitamiento y pagar el peaje de la garita Separadora. Tres soles por usar dos kilómetros. Encima, la vía está deteriorada.
Según la ejecución presupuestal de ingresos del concejo metropolitano, al cual tuvimos acceso, lo recaudado por Emape en todo el 2006 ascendió a S/.131'849.641 y el 64% de ello provino de la Panamericana Sur. La cifra llegaba, hasta el último agosto, a S/.99'291.529.
Solo la tercera parte de este dinero se usa para el respectivo mantenimiento de vías, y si bien, como señala Molina, el resto se destina para ejecutar obras viales que beneficien a la capital. "Además, la ubicación de los peajes y el cobro en estos, son en su totalidad herencias de otras gestiones", dijo.
Quispe y Dextre consideran que ello no exime el análisis de la idoneidad del sistema para que cada cobro haya una sustentación técnica.
Descartan riesgo de concesión de vías
Hace unos días se desató una polémica por la posible concesión del Eje Vial Javier Prado-La Marina-Faucett, y la instalación de garitas en las mismas.
La idea nació en 1996, en la gestión de Alberto Andrade, pero, como señala el ex regidor Marco Tulio Gutiérrez, el asunto quedó cerrado en agosto del 2002 por parte del actual concejo, ya que una resolución de alcaldía declaró infundada la apelación de la empresa constructora contra la decisión del comité calificador, el cual declaró desierto el concurso de proyectos en la etapa de negociación del contrato. El teniente alcalde, Marco Parra, confirmó que problemas legales detuvieron dicho proyecto.