Una de las razones es que los poderes encargados de su cumplimiento son los primeros en distorsionarla y violentarla
Por: Juan Paredes Castro |
Hay algo peor en el Perú que la cultura del incumplimiento de la ley: el ejercicio del poder en función de que la ley se mediatice y, si es posible, se disuelva ya sea por acción u omisión.
El incendio de una nueva área importante del complejo comercial de Mesa Redonda en el Centro de Lima nos vuelve a refrescar la memoria respecto de qué hacer precisamente con la ley y con quienes se burlan de la misma, valiéndose principalmente del brazo de la justicia.
Lo primero que salta a la vista es la gran irresponsabilidad con que la mayoría de comerciantes de las galerías involucradas maneja sus negocios y almacenes, prácticamente al margen de las normas y notificaciones municipales y gubernamentales, absolutamente de espaldas al mínimo sentido común en la administración de la seguridad interna y externa de sus locales y totalmente indiferente frente a las reglas de oro comunes al rubro económico importante del que forman parte.
Se repite aquí, en la desobediencia de la ley, la misma cínica actuación que caracterizó a quienes capturaron el mercado de Santa Anita. Se neutraliza el poder de una autoridad, en este caso de la Municipalidad de Lima, con el poder de otra autoridad: la de la justicia. Inclusive, por cada fallo judicial favorable al principio de autoridad hay un recurso de amparo o una apelación que acaba triunfando. La ley del más fuerte no es la ley de quien tiene la razón de su lado. Es la ley de quien puede impornerla de dos maneras: por la fuerza bruta o por el expediente del desacato, que es lo que justamente ha convertido Mesa Redonda en tierra de nadie.
Tenemos pues que romper con el mito de que el respeto a la ley y al principio de autoridad solo es posible en regímenes autoritarios, como si la democracia no tuviese los mecanismos suficientes para hacerlos prevalecer de verdad. De eso se trata: de que el cumplimiento de la ley en el Perú sea parte de nuestro contrato social civilizado y avanzado y que el Poder Judicial, más concretamente nuestros jueces, no se conviertan en los subvertidores del orden legal, amparando pillerías, desobediencias y atentados contra la vida personal y pública.
Ni los comerciantes de Mesa Redonda ni los habitantes de viviendas en los cauces de los ríos van a pasar por el aro de la ley en tanto y en cuanto el Poder Judicial les ofrezca a discreción las acciones de amparo, que vienen a ser la coraza de protección de la impunidad que exhiben aquellos con tanto desparpajo.