Por Rubén Vargas Céspedes. Abogado
Se cumplió con la meta anual de erradicar 10 mil hectáreas de coca ilegal. Esto es una buena noticia para el país y para la lucha contra las drogas, porque significa que no llegarán a envenenar las ciudades del mundo con 73 mil kilos de cocaína (cada hectárea de coca produce 2.200 kilos. Para procesar 1 kilo de pasta base se necesita 100 kilos de coca y para 1 kilo de cocaína se necesita 3 kilos de pasta base). Convertidos en dinero, a 15 mil dólares el kilo (precio conservador), equivalen a más de mil millones de dólares.
Se habla mucho de que la estrategia contra las drogas debe ser integral; sin embargo, hasta ahora el componente que viene cumpliendo sus metas en los últimos cinco años es la erradicación, la parte más complicada de todas.
En efecto, este trabajo se realizó en circunstancias muy difíciles, no solo por las dificultades propias de la selva alta, sino también porque los trabajadores civiles del proyecto Corah y la policía antidrogas, que acompaña en la erradicación, soportaron todos los días del año el hostigamiento de francotiradores de Sendero Luminoso (29 ataques furtivos con disparos de fusil), las explosiones de minas antipersonales que los cocaleros ilegales camuflaron en las raíces del arbusto erradicado (se registraron 76 explosiones). El saldo trágico fue dos muertos y 18 heridos graves.
Por añadidura, el personal del Corah y los policías también fueron víctimas de la ira y la agresión impune de algunos dirigentes cocaleros. Si no recordemos la última embestida de la parlamentaria andina Elsa Malpartida, cuando se erradicaba coca ilegal en Tocache.
Los detractores argumentan que con la erradicación se ataca a la parte más débil de la cadena de producción de la cocaína: el campesino cocalero, que cultiva ese producto porque no tendría otra opción de vida. En la elaboración de la droga no hay partes débiles o fuertes, todo es un mismo proceso interdependiente. Sin coca no habría cocaína. El mismo argumento de la pobreza se podría utilizar también para los llamados 'mochileros', jóvenes que por 200 dólares trasladan la pasta base hacia los laboratorios de cocaína.
Lo que sí debemos exigir es que los otros componentes de esta lucha caminen al ritmo de la erradicación. No hay que poner cortapisas a lo que funciona bien. Que los responsables de combatir el desvío de los precursores químicos, los jueces y fiscales encargados de castigar a los traficantes de drogas y el lavado de activos, aprendan del Corah y de la policía antidrogas que cumplieron sus metas programadas.
Asimismo, el Gobierno Central y los gobiernos regionales deberían involucrarse más en los programas de desarrollo alternativo. Este trabajo lo viene realizando principalmente la cooperación internacional, cuando debería ser solo el complemento de los esfuerzos que se realice desde el Estado.
Ahora que estamos terminando el año, es bueno preguntarse ¿quién se beneficiaba si --como se comprometió el anterior ministro de Agricultura con el Acta de Tocache-- el Gobierno decidía parar la erradicación de la coca ilegal? La respuesta es solo una: el narcotráfico.