Gobierno Regional del Callao asumirá administración de penal

Convenio suscrito con el Ministerio de Justicia es el primero de este tipo. El INPE seguirá a cargo de la seguridad en cárcel Sarita Colonia

Por Iván Herrera Orsi

El penal Sarita Colonia, donde cumplen sentencia ex agentes del grupo Colina, se va a convertir en la primera cárcel del país administrada por un gobierno regional. Ayer la ministra de Justicia, María Zavala, firmó un convenio con el presidente regional del Callao, Álex Kouri, para delegarle la gestión del penal por tres años.

De acuerdo con el convenio, el gobierno regional se encargará de los asuntos administrativos dentro de la cárcel y aportará recursos para atender las necesidades de alimentación, salud y vestido de los internos, además de efectuar mejoras en la infraestructura. También desarrollará programas orientados a la rehabilitación de los reclusos, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El INPE, por su parte, seguirá encargándose de la seguridad y la disciplina en el penal, como destacó Kouri, antes de la firma del convenio. Dicha institución también mantendrá la responsabilidad de nombrar al director y al subdirector del presidio.

El gobierno regional chalaco no colocará de inmediato un administrador en el penal. Según fuentes de este organismo público, primero deberá elaborar un plan regional de políticas penitenciarias, que se enmarque en los lineamientos fijados por el Gobierno Central. Con la opinión favorable del INPE, este plan deberá ser aprobado por Kouri, vía decreto regional, dentro de los próximos tres meses. Después se conformará una comisión de transferencia que tendrá quince días para dejar todo listo para el cambio de gerencia.

"Sobre la base de la política penitenciaria del INPE, el gobierno regional va a elaborar un plan para apoyar. Colaborará con infraestructura, con maestros, con tecnología. Pero el sistema de tratamiento va a seguir siendo dirigido por el INPE. Esta es una responsabilidad a la que no podemos renunciar", afirma el presidente de esa institución, Gustavo Carrión.

PLAN PILOTO
Con un tono grandilocuente, la ministra Zavala ha dicho que este convenio inaugura "una nueva etapa en la reforma penitenciaria". La titular de Justicia ha asegurado que la experiencia que se va a iniciar en el Callao puede servir de plan piloto con miras a extender este esquema a otros centros de reclusión. Según dijo, hay otros gobiernos regionales como los de Lambayeque, Cajamarca y Arequipa que estarían considerando cooperar en la gestión de los penales.

José Ávila, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, está a favor de que este modelo, en el que el INPE se encarga de la seguridad y el gobierno regional asume tareas administrativas, se repita en otras partes del país. "Nosotros hemos revisado el convenio marco y creemos que la fórmula es muy equilibrada", dijo.

Pero no todos se muestran tan entusiastas. Carlos Rivera, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), teme que el Ejecutivo se desentienda progresivamente de sus responsabilidades en materia penitenciaria y que la política carcelaria se fragmente en múltiples planes regionales. A él también le preocupa la falta de experiencia del gobierno chalaco en este campo.

PUNTO DE VISTA
WILFREDO PEDRAZA. Ex jefe del INPE

Una decisión que conviene imitar
El convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Justicia, que encarga la gestión administrativa del penal Sarita Colonia a la autoridad regional, constituye una decisión trascendente. Por primera vez en nuestra historia penitenciaria, un organismo distinto al Gobierno Central tendrá esa responsabilidad, por la acertada decisión de sus titulares, quienes buscan una nueva forma de resolver la grave crisis del sistema penitenciario.

El gobierno regional tendrá un nuevo rol. De eventual colaborador se convertirá en el responsable de la administración de uno de los penales más complejos del país. Por su parte, el INPE asumirá la tarea de supervisar la actividad penitenciaria regional, labor que debe hacerse con responsabilidad. La supervisión debe realizarse en un contexto de cooperación, máxime si la administración penitenciaria se ha reservado el control de la seguridad.

En las cárceles nada cambia rápido, y sus problemas no se resuelven automáticamente por el cambio de administración. Sin embargo, observamos con optimismo esta expresión de madurez del proceso de regionalización.

PRECISIONES
4El congresista Víctor Andrés García Belaunde denunciará constitucionalmente a la ministra María Zavala por la transferencia de la administración del penal, la que considera ilegal.
4Según Zavala, la medida se basa en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley de Bases de la Descentralización.
4El Gobierno Regional del Callao prevé destinar S/.4 millones de soles anuales al penal.