Bancada fujimorista no tuvo que ver con proyecto de ley que favorecería al extraditado, según Raffo
Los cambios en la legislación procesal penal que buscan agilizar los tediosos y extensos juicios orales son necesarios, ya que así lo solicita la ciudadanía, señaló ayer el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, quien se mostró en contra de satanizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
"Lo que se quiere es realizar procesos más ágiles y que se genere el debate en el Congreso. No debemos magnificar ni satanizar este proyecto que tiene buena voluntad, porque la ciudadanía reclama celeridad de los juicios", indicó Távara Córdova. En ese sentido, el titular de la Corte Suprema descartó que dicha norma tuviera nombre propio, porque trata de resolver una preocupación de la sociedad que reclama una mejor administración de justicia.
Sin embargo, fuentes judiciales allegadas al Ministerio Público indicaron que si bien los cambios son necesarios se preguntan por qué el Poder Ejecutivo esperó para enviar un proyecto de ley de este tipo a solo días de iniciarse el juicio público contra Fujimori. Fue un error porque pudieron hacerlo muchos meses antes".
Lo mismo habría pensado el congresista Alberto Andrade Carmona, quien adelantó que su bancada, Alianza Parlamentaria, votará en contra del proyecto de ley. El ex alcalde de Lima también señaló que dicha iniciativa legislativa tiene nombre propio y argumentó que su eventual aprobación permitiría al procesado Fujimori no asistir a las audiencias que le tocará enfrentar.
De otro lado, el parlamentario Carlos Raffo descartó que el proyecto de ley estuviera relacionado con la moción de censura que busca presentar la bancada fujimorista en contra del primer ministro Jorge del Castillo. "Hemos sido los primeros sorprendidos con este proyecto. Hago un deslinde total con él, y puedo asegurar que los fujimoristas no tenemos nada que ver con esta iniciativa legal", expresó.
MÁS DATOS
4El extraditado Alberto Fujimori afronta un proceso sumario y tres ordinarios en el Poder Judicial.
4El primero se refiere al allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. En las próximas semanas será sentenciado.
4Los otros tres juicios tienen que ver con los casos de violación de los derechos humanos, con el pago de 15 millones de dólares a Montesinos y con los congresistas tránsfugas. La audiencia pública del primer proceso empezará durante la segunda semana de diciembre.