Por Virginia Rosas
Cuando en enero del 2006 el dirigente cocalero Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia con el mayor porcentaje de votos de la historia (54%), tuvo en sus manos una oportunidad histórica para sacar a su país del marasmo y la pobreza en los que se hallaba sumido. Su discurso integrador el día de la toma de mando, su carisma en el ámbito internacional y su arraigo popular permitían soñar con una Bolivia de indios y mestizos integrados bajo una sola bandera, trabajando unidos para sacar al país del caos y la ingobernabilidad.
Veintidós meses después de la fiesta democrática que encumbró a Evo al poder, otro es el panorama en el país altiplánico que se acerca peligrosamente a la fragmentación. Si el presidente Morales tuvo a su favor cinco departamentos, hoy solo le quedan tres: La Paz, Oruro y Potosí (aunque en este último también se están oyendo gritos de autonomía). Cochabamba y Chuquisaca, que votaron mayoritariamente por la izquierda en el 2005, demandan también la autonomía regional. Y de democracia no está quedando más que el nombre en Bolivia.
El Gobierno ha venido sosteniendo un doble discurso: por un lado, la defensa de la institucionalidad democrática y, por el otro, el atropello sistemático de las instituciones democráticas. El penúltimo de ellos tuvo lugar el sábado pasado en Sucre, cuando la Asamblea Constituyente aprobó --en un cuartel militar-- la adopción de una nueva ley fundamental leyendo solo el índice de los capítulos y títulos desconociendo los contenidos y sin contar con la mayoría de dos tercios que exige la ley. El último atropello fue la aprobación de una ley de renta vitalicia para los mayores de 65 años utilizando fondos de las prefecturas. La unanimidad fue conseguida porque los legisladores oficialistas impidieron el ingreso al Congreso de los opositores.
Las violentas manifestaciones que siguieron a estas medidas dejaron cuatro muertos y más de cien heridos. Y una absoluta ausencia de Estado en Sucre, donde la policía abandonó la ciudad a su suerte por 'falta de garantías'.
Como bien señala la analista política Jimena Costa, Bolivia está a la merced de dos bandos que no controlan a sus bases. El MAS, que azuza a sus seguidores, los convoca a marchas y luego se le escapan de las manos, como aquellos que degollaron a dos perros delante de las cámaras de televisión como 'advertencia' a los opositores.
Igual sucede con los denominados 'cívicos', que llaman a marchas pacíficas y terminan incendiando casas de autoridades oficialistas o locales públicos .
Tras el éxito del paro del miércoles, Santa Cruz --la capital económica de Bolivia-- puso en marcha un plan de aprobación del estatuto de autonomía administrativa de su región. Una medida desafiante hacia el gobierno de Morales.
Las huelgas de hambre que se iniciarán mañana en los departamentos contrarios al presidente --que aportan el 80% del PBI-- no dejan presagiar lo mejor.
Por lo pronto, cuatro regiones: Beni, Tarija, Pando y Cochabamba se han declarado en estado de "desobediencia civil", sin que nadie sepa con certeza de qué se trata.