Venta y fabricación ilegal de pirotécnicos siguen sin control

Dicscamec y concejos distritales se responsabilizan mutuamente. Ley impone sanciones a esta actividad, pero no hay detenidos

Por Roxabel Ramón

Por estos días es prácticamente imposible encontrar productos pirotécnicos en la zona comercial de Mesa Redonda. Esto se debe al férreo control policial y a las intervenciones diarias de esta institución que de manera sorpresiva se realizan en ese recinto comercial. Esta tarea está a cargo de 800 policías.

No obstante este esfuerzo, en el lugar aún pululan los 'jaladores', personajes cuyo oficio parece haberse, digamos, complicado, pues ahora deben identificar con más cuidado a sus potenciales compradores, para no ser descubiertos por las autoridades, antes de ofrecer sus calaveras y mamarratas. Esta última es la fatal ratablanca, pero aumentada tres veces en tamaño.

¿Pero de dónde obtienen toda esta ilegal mercadería?

En el kilómetro 2,5 de la Carretera Central, en Ate-Vitarte, funciona la pirotecnia El Chino, una casa de madera y cartón donde adultos y niños manipulan cañas, cartuchos y pólvora sobre un colchón en el suelo.

Al lado, en la pirotecnia Huallaga, César Torres asegura no vender ratablancas porque el suyo "es un negocio formal, autorizado por la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec)". Así al menos figura en las tarjetas de presentación que reparte y en la licencia de comercialización que ostenta (falsa, según la Dicscamec).

En Tres Estrellas, negocio de los hermanos Sánchez Vásquez, situado en Piedra Liza, en el Rímac, otro grupo de niños despachan avellanas y ratablancas. Por si fuera poco, ofrecen también ir a detonar personalmente las bombardas en las fiestas patronales. Afuera, cerca de algunos castillos y vacas locas pasan cables de alta tensión. De estos lugares, además de las ferias de Puente Piedra y de Chosica, se obtiene la peligrosa e ilegal mercadería. Para Dicscamec, estos son los cuatro emporios de venta ilegal de artículos pirotécnicos.

EXPLOSIVAS ACUSACIONES
Precisamente, el director general de la Dicscamec, comandante PNP (r) Ricardo Ganiku, acusó a la Municipalidad del Rímac de permitir la existencia de estos negocios al no ordenar su clausura definitiva, ya que estos no cuentan con licencia ni condiciones mínimas de funcionamiento.

"Nosotros hacemos incautaciones, pero al día siguiente los comerciantes retornan y están allí nuevamente. En la última intervención no hubo representantes de la Municipalidad del Rímac. Esto podría considerarse como omisión de funciones. Hemos querido conversar con sus autoridades, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta", aseguró.

Lejos de asumir su parte de la responsabilidad, el alcalde del Rímac, Víctor Leyton, responsabilizó a la policía. "La Dicscamec es la que debería venir con policías para detener a los informales. Siempre que nosotros queremos intervenir, estos comerciantes desaparecen del lugar", fueron sus escuetas palabras.

Por su parte, el alcalde de Ate-Vitarte, Juan Dupuy, aseguró que, en lo que va de su gestión, se han cerrado unos 15 talleres clandestinos de fabricación de pirotécnicos, y agregó que la clausura de estos locales no es la verdadera solución al problema.

"La Dicscamec se lava las manos cuando tiene la responsabilidad total de investigar y detener a los responsables", opinó.

CONTROLES MÁS ESTRICTOS
No obstante que la Municipalidad de Lima ha prohibido absolutamente la venta de artículos pirotécnicos en la zona de Mesa Redonda, Ganiku insiste en que no todos son peligrosos. Se refiere específicamente a los pirotécnicos deflagrantes, como las conocidas chispitas. Estas, sin embargo, contienen sustancias altamente tóxicas que ya han ocasionado la muerte de un niño por ingestión. Aun así la Dicscamec permite su venta directa al público.

En cambio, para fabricar y comercializar deflagrantes mayores (como las bombardas), las empresas que brindan espectáculos pirotécnicos deben adquirir primero una autorización especial de esta entidad; trámites que, entre otros, implican verificaciones técnicas del lugar donde se realizará el 'show'.

Ganiku refiere que, en la actualidad, su institución recibe cuatro solicitudes en promedio por semana para realizar actividades con estos pirotécnicos. Los que sí están estrictamente prohibidos son los detonantes. "Ni para fiestas costumbristas ni para fines culturales", advirtió.

Aunque la fabricación o comercialización de estos últimos productos está penada hasta con ocho años de cárcel, en ninguna de las nueve intervenciones que la Dicscamec ha realizado este año hubo detenidos.

"Hay infiltrados en alguna de las instituciones con las que se coordinan estas intervenciones", denunció el director de la entidad, tras revelar que parte de los insumos para la fabricación informal de pirotécnicos proviene de cargamentos destinados al uso minero, que son desviados por los intermediarios a cargo de transportar productos como pólvora, anfo y mechas.

Para combatir esto, el jefe de la Dicscamec informó que, desde el 1 de enero del 2008, se harán más estrictos los procesos de otorgamiento de permisos para el uso de dichos insumos.

EN PUNTOS
4Las municipalidades otorgan la licencia de funcionamiento al local (de fabricación, comercialización o depósito de pirotécnicos), siempre que el solicitante cuente con autorización de la Dicscamec.
4Fabricar, comercializar, depositar, transportar productos pirotécnicos de cualquier tipo, sin autorización de la Dicscamec, o vender pirotécnicos a menores de edad, está penado hasta con ocho años de cárcel y hasta diez años si implica lesiones graves o muerte de personas, según la Ley 27718, vigente desde el 2002.
4Los decomisos de pirotécnicos prohibidos (o sus insumos) los realizan la Dicscamec y la PNP en presencia de la fiscalía. Los otros entes fiscalizadores son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades, el Indeci y la Sunat.