EDITORIAL

Contra injerencias políticas en el BCR

Con buen criterio, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un dictamen que modifica el sistema de elección de los directores del Banco Central de Reserva (BCR), con el propósito de asegurar su autonomía y evitar la nociva injerencia política de los gobiernos de turno.

Se propone, al efecto, dos cambios fundamentales: que el mandato de los directores dure siete años, para evitar que coincida con el de la elección del presidente de la República; y que cada año se cambie un director, en una rotación que debe ser objetiva y basada en criterios estrictamente técnicos.

De antemano, la propuesta de la Comisión de Constitución es oportuna y coherente. Corresponderá ahora al pleno tomar la posta para aprobar la modificación, de cara al interés nacional y descartando cualquier compromiso o negociación politiquera.

No puede repetirse lo sucedido en setiembre y octubre del año pasado cuando algunos grupos apristas y humalistas presionaban para cubrir con sus incondicionales la presidencia del BCR y tres plazas de directores, sin considerar las graves consecuencias que ello podría traer al país. Y fue solo después de un escándalo nacional y de la crítica de la prensa independiente que se impuso la cordura y se designó al reconocido economista Julio Velarde como cabeza de la entidad monetaria y luego se nombró a los otros tres directores.

El Congreso tiene ahora que seguir asumiendo su responsabilidad de asegurar la estabilidad y autonomía del organismo encargado, según la Constitución, de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, así como de administrar las reservas internacionales. Por lo mismo, así como debe elegirse a gente profesional y capaz para dirigirlo, tienen que revisarse los procedimientos para blindar su autonomía de cualquier injerencia política indeseable.

Como ya lo hemos señalado previamente, uno de los puntales de la reforma del Estado debe ser consolidar la plena autonomía de los organismos reguladores, fiscalizadores y contralores, entre ellos el BCR, precisamente para asegurar la transparencia y eficacia de la gestión pública.