PODER LEGISLATIVO PASÓ PRUEBA DE FUEGO DE ÚLTIMAS 72 HORAS

Congreso aprobó la Ley Orgánica del Ejecutivo

Norma encarga modernizar y descentralizar el Estado a la PCM. Políticas sectoriales serán diseñadas en coordinación con regiones y municipios

Por Rocío La Rosa

Después de casi seis años de espera, el Congreso por fin aprobó ayer la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). ¿Por qué era importante hacerlo? Porque la norma actual era de 1990 y ya no se ajustaba a la legislación sobre descentralización, regionalización y gobiernos locales promulgada posteriormente.

La modificación permitirá delimitar las competencias exclusivas del Gobierno Nacional de acuerdo a la Ley de Bases de Descentralización. También ordenar las funciones del presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de Gobierno, así como definir el papel del presidente del Consejo de Ministros como conductor del proceso de descentralización.

Se deja clara también la función técnico-normativa de los ministerios como responsables de las políticas nacionales y sectoriales. Precisamente este último punto había motivado el rechazo de la bancada humalista el último jueves, pues consideró que violaba la autonomía de los gobiernos regionales y locales. Por eso, el dictamen entró a un cuarto intermedio para recoger algunos aportes y posibilitar la votación del texto sustitutorio.

La congresista Rosa Florián (UN), presidenta de la Comisión de Descentralización --de donde proviene la norma--, informó que se había acordado incluir en el capítulo de competencias del Poder Ejecutivo (artículo 4) que para la formulación de dichas políticas sectoriales el Ejecutivo establecerá "mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades...". Indicó además que se retiraba el punto en el cual se señalaba que el despacho presidencial tendría su propio pliego presupuestal.

La nueva ley también elimina el rango de ministro a los funcionarios que no dirigen un ministerio y determina cinco categorías de entidades públicas del Ejecutivo: organismos públicos, comisiones, programas y proyectos especiales, entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social y empresas del Estado.

PRIMER MINISTRO FORTALECIDO
A su turno, el vicepresidente de dicha comisión, Washington Zeballos (UPP), resaltó que en la ley se fortalezca a la Presidencia del Consejo de Ministros, dependencia a la cual se le otorgan mayores atribuciones en comparación con la legislación actual.

Entre las funciones otorgadas al titular del Consejo de Ministros figura la de apoyar al presidente de la República en la gestión de la política general de gobierno. También deberá plantear, aprobar y ejecutar las políticas de modernización de la administración pública.

La norma requería un mínimo de 61 votos por ser una ley orgánica, pero fue aprobada con 86 votos (Apra, Unión por el Perú y Unidad Nacional, humalistas, ninguno en contra y 8 abstenciones).

Al término de la votación, el primer ministro, Jorge del Castillo, quien acudió al hemiciclo en su calidad de congresista, no resistió acercarse hasta Florián para felicitarla por el logro. Esta última agradeció a la bancada humalista.

En su última sesión de esta legislatura, el pleno también aprobó la Ley de Simplificación Aduanera, cambios al sistema concursal, cambios a la distribución de ingresos generados por derechos de vigencia mineros y reguló el funcionamiento de albergues de niños y adolescentes, entre otros.

EN PUNTOS
Las tareas pendientes
1 A partir de la vigencia de la LOPE, el Ejecutivo tendrá un plazo de cuatro meses para remitir las leyes de organización y funciones de los ministerios con competencias exclusivas del Gobierno Nacional.

2 Tendrá un plazo de seis meses para hacer lo propio con aquellos ministerios que tienen funciones exclusivas y compartidas con los gobiernos regionales y locales.

3 Mientras tanto, el Ejecutivo continuará efectuando aquellas competencias sectoriales que aún no han sido transferidas a las regiones.

4 A partir de ahora también la designación de los titulares y del directorio de los organismos reguladores deberá hacerse por concurso público.