EXPECTATIVA POR DEFINICIONES EN EL CONGRESO

Especialistas discuten legalidad de decreto contra lavado de dinero

Para legisladores, fiscales y juristas debe derogarse la disposición legal. Sugieren mejorar norma que facilita confiscación de bienes de acusados

Por Óscar Castilla C.

Imagine que usted es involucrado erróneamente como socio de Óscar Rodríguez Gómez 'Turbo' o de Fernando Zevallos 'Lunarejo' y el Poder Judicial le abre un proceso especial denominado pérdida del dominio, solo reservado para los investigados por poseer bienes presuntamente adquiridos con dinero ilícito.

Si esto ocurriera --luego de que el juzgado acogiera la denuncia fiscal--, todos los bienes, dinero o títulos valores que tuviera pasarían a manos del Estado. Además, ya acusado, usted tendría que demostrar que aquellos bienes que compró en el pasado son suyos. Por si fuera poco, su secreto bancario y tributario sería levantado y sería sometido a incansables exámenes contables y financieros.

Y todo ello podría pasarle --debido al decreto legislativo sobre la pérdida del dominio-- sin juicio pendiente, sin condena alguna y sin vínculos con alguno de los narcotraficantes citados o con otro delincuente.

Por estos y otros motivos, el Decreto Legislativo 992, dado por el Ejecutivo en julio pasado y que dio origen al proceso de pérdida del dominio, es inconstitucional. Así lo dijeron a este Diario los congresistas Víctor Mayorga (Partido Nacionalista Peruano), Raúl Castro (Unidad Nacional), los juristas Jorge Avendaño y Javier Alva Orlandini (ex titular del Tribunal Constitucional), y fuentes confiables de las fiscalías contra el crimen organizado y de la Sala Penal Nacional que ve casos de terrorismo.

Todos ellos consideraron que ese decreto legislativo, que busca combatir a las mafias que lavan dinero del narcotráfico, secuestro, trata de personas o el terrorismo, afecta la presunción de inocencia y además no es compatible con la Constitución, que en su artículo 70 dice: "El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza".

Las fuentes agregaron que la cuestionada norma de pérdida de dominio fue bien intencionada, pero elaborada de manera deficiente por el Ministerio de Justicia y, por lo tanto, debe ser derogada por el Congreso.

El primer paso se dio la semana pasada cuando la Comisión de Constitución se pronunció a favor de dejarla sin efecto.

Esto a pesar de las protestas del presidente Alan García y el jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, quienes consideraron que los opositores le hacen el juego al narcotráfico.

Del Castillo afirmó que si algunos congresistas tenían reparos sobre la constitucionalidad del decreto, debieron plantear algunas modificaciones para mejorarlo. Incluso la procuradora antidrogas Sonia Medina, que defendió la norma, dijo ayer que esta "no es la panacea y que puede ser mejorada".

¿CAMBIAR O MEJORAR?
El decreto, según trascendió, es una copia íntegra de una norma que ya existe en Colombia. "La diferencia es que en dicho país la Constitución sí permite que el Estado se apropie de los bienes del investigado, mientras que en el nuestro no pasa esto", dijo una fuente del Ministerio Público.

Jorge Avendaño añadió que el Ejecutivo debe modificar su norma, pues esto es más sencillo que cambiar la Carta Magna.

El Comercio conoció que hasta el momento no se ha presentado ningún proceso de pérdida de dominio en el Poder Judicial.

Se percibe alta infiltración del narcotráfico
"¿Cuán influenciada o cuán infiltradas por los intereses del narcotráfico están las siguientes instituciones en el Perú?". Esa fue una de las preguntas hechas en la última encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. En el caso del Gobierno Central, un 29% cree que mucho y solo el 10% piensa que nada.

No obstante, el Gobierno Central es una de las instituciones en las que se percibe menos infiltración del narcotráfico, pues un 38% piensa que el Poder Judicial está muy influenciado por este flagelo, y preocupa aun más que un 45% piense lo mismo de la Policía Nacional.

Pero los peruanos no solo ven este problema en instituciones relacionadas con el Estado, pues el 47% sostiene que las organizaciones campesinas de las zonas cocaleras están muy influenciadas por los narcotraficantes. Solo el 5% cree que no hay tal infiltración.

Algo similar sucede con los gobiernos locales de estas zonas: El 44% manifiesta que la influencia que ejerce el narcotráfico sobre ellos es mucha.

Por otro lado, la misma encuesta refiere que el 53% de la gente considera que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que procesa al ex presidente Alberto Fujimori es "neutral e independiente".

Asimismo, el 38% sostiene que Fujimori ordenó los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales debe ser condenado. Solo el 9% piensa que es completamente inocente de estas matanzas.

DEL CONSULTOR
FERNANDO ROSPIGLIOSI. Ministro del Interior

El efecto corruptor
Las percepciones de la gente sobre la infiltración del narcotráfico responden a la realidad. La mayoría de la población es consciente de cómo el efecto corruptor del narcotráfico ha penetrado en las instituciones del Estado, sobre todo en aquellas encargadas de combatirlo, como la policía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.

No obstante, es positivo que la gente se dé cuenta de esta realidad. Sería aun mejor que las autoridades también se den cuenta y tomen las medidas necesarias.

Es más o menos evidente también que las organizaciones cocaleras ilegales son las que se benefician finalmente del narcotráfico, porque al venderle casi íntegramente su producción, están penetradas por los intereses. Lamentablemente, esto también ocurre con gran parte de los gobiernos locales de las zonas cocaleras que terminan defendiendo los intereses de los narcotraficantes.

Sin embargo, lo más grave es lo del Poder Judicial, porque es la institución encargada de sentenciar y procesar a los narcotraficantes. Es ahí donde reside el problema más serio.

También ocurre en la policía de las zonas cocaleras, donde la corrupción permite que los narcotraficantes operen, que la droga salga y que los insumos químicos ingresen.