Lo que nos trae la civilización más que el deber

Por: Juan Paredes Castro |

Hay circunstancias en que la realidad internacional nos impone un grado de civilización, antes de que internamente vayamos a su encuentro.

Esto acaba de suceder con el anuncio del presidente Alan García de que pronto el Gobierno elevará al Congreso un proyecto de ley de creación del ministerio del medio ambiente, destinado a responder a las exigencias planteadas en el tratado de libre comercio suscrito y ratificado por el Perú y Estados Unidos.

En otro momento este anuncio habría sonado a pura demagogia o hubiera tenido las características típicas de una manifiesta buena intención, estrellada contra las barreras del Estado.

Son cada vez más escasos los estados en el mundo que no tengan una autoridad ambiental nítidamente válida y eficaz, autoridad que puede llamarse ministerio del medio ambiente o cualquier otra cosa, pero ante todo, ¡autoridad!

Estamos, pues, ante la oportunidad propicia de definir una política ambiental que los sucesivos gobiernos no han podido construir ni organizar de manera clara y coherente, e integrar en un solo organismo todos aquellos otros hoy dispersos en varios ministerios, desde Agricultura hasta Energía y Minas, pasando por Producción. Ni hablar del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), que debiendo haber sido la piedra angular para lo que ahora busca el gobierno, será ahora una pieza más por considerar.

El Perú se ve así obligado a dar un paso importante y trascendente. Ya no puede tapar con un dedo las presiones internacionales, que ahora lo amarran casi todo al cumplimiento de pautas ambientales. Hubiera sido más aleccionante que el anuncio presidencial naciera de presiones distintas, como las internas, desde el Conam o Inrena. Pero no ha sido así. Seguramente tendremos la autoridad ambiental que hemos anhelado siempre los peruanos, pero como fruto del azar y la necesidad internacional.

La falta de una autoridad ambiental autónoma en el país ha generado una telaraña de informalidad e ilegalidad y, por supuesto, un núcleo duro de ambigüedad en las decisiones gubernamentales. Esto no ha posibilitado ni posibilita una mejor y más racional exploración y explotación de nuestros recursos naturales, como tampoco un entendimiento entre los gobiernos locales y regionales y las comunidades aledañas a los centros de extracción.

Démosle por descontada su aprobación en el Congreso, habida cuenta, claro está, de que estamos hablando desde hoy de una autoridad independiente y autónoma, suficientemente capaz de poner al propio Gobierno contra la pared, cada vez que lo merezca.