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Las sentencias deben cumplirse

Por Samuel B. Abad Yupanqui. Constitucionalista

Es muy grave la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en el proceso de amparo que abrió la puerta al referéndum sobre el Fonavi. En su extensa Resolución 260-2007-JNE, del 21 de diciembre, declara "inaplicables" las sentencias del TC.

A su juicio, no procede el referéndum pues interpreta que el Fonavi tiene carácter tributario y presupuestal y reitera que sus resoluciones son irrevisables. Se fija así un precedente inadmisible en un Estado de derecho. Y es que las sentencias deben cumplirse y ninguna autoridad puede negarse a hacerlo porque considera que la interpretación del TC no es correcta y que la suya sí lo es.

De otro lado, insistir en que las decisiones del JNE son irrevisables y que puede "inaplicar" sentencias transmite el mensaje de que este órgano está al margen del control constitucional. Esa interpretación es insostenible, tal como lo ha esbozado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Yatama), así como el propio TC. Es más, limita el acceso a la justicia, pues si el JNE se equivoca no habría forma de corregir tal error. Recordemos lo sucedido.

El año 2001 el JNE calculó mal la cuota de género del 30% exigida por la ley en tres circunscripciones electorales perjudicando la participación de las mujeres. En Ica y Callao fue del 25%, mientras que en La Libertad solo alcanzó el 28,5%. Pese al reclamo de la Defensoría del Pueblo y del Movimiento Manuela Ramos para que corrija su error, mantuvo tal decisión, pues consideró que contra sus decisiones no procede recurso alguno (Resolución 295-2001-JNE).

El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, en junio del 2005 declaró la vacancia de un alcalde porque, según el JNE, el referido funcionario tenía una sentencia firme por delito doloso (Resolución 156-2005-JNE). Pese a que se le pidió que rectifique, pues el proceso no había concluido, mantuvo su posición. Se produjo así una paradoja, pues el proceso penal fue archivado y el alcalde fue vacado.

¿Qué hacer ante este conflicto? En primer lugar, sería conveniente que el propio JNE anule su resolución. Si no lo hiciera, el juez de amparo cuenta con los instrumentos necesarios para que se cumplan los mandatos del TC, regulados en el Código Procesal Constitucional. Por lo demás, sería lamentable que el caso llegue al Ministerio Público por tratarse de una omisión al cumplimiento de un deber. Cabe indicar que los miembros del JNE no gozan de la prerrogativa del antejuicio, pues el artículo 99 de la Constitución no los incluye. Al final, si el tema no se resuelve internamente, podrá acudirse a la comisión y, en su momento, a la Corte Interamericana, porque el incumplimiento de una sentencia constituye una violación a los derechos humanos.

Afortunadamente, siempre cabe la alternativa de que el Ejecutivo o el Congreso proponga una salida política, es decir, presente una iniciativa para devolver o compensar a los fonavistas y resuelva el problema de fondo. Confiemos en que el JNE rectifique su decisión y que este conflicto se solucione a la brevedad, pues --adicionalmente-- da un mal ejemplo a la ciudadanía que aprecia cómo sus propias autoridades incumplen las sentencias de un tribunal que es el órgano supremo de control de la Constitución.

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