MAYOR CONTROL EN EL PODER JUDICIAL
La OCMA suspendió en el 2007 a 39 jueces por inconducta funcional
Por Mario Mejía Huaraca
A la corrupción enquistada en el Poder Judicial no le fue del todo bien en el año que acaba de finalizar. Durante el 2007 buena parte de los jueces y vocales que incurrieron en presuntas inconductas funcionales estuvo bajo la inquisidora lupa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Las investigaciones de este organismo terminaron con 126 solicitudes de destitución (a magistrados y auxiliares) ante el Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esa cifra representa un 34% más que en el 2006, en que esos pedidos sumaron 94.
Igualmente, sus procesos abiertos consiguieron la abstención al cargo (separación mientras dura la investigación) de 86 magistrados, es decir 138% de incremento con respecto al 2006, año en que se apartó temporalmente a 36 magistrados.
Quizás el caso más sonado y significativo fue el del vocal Ángel Romero, quien tuvo que dejar su cargo de presidente de la Corte Superior de Lima, debido a que el órgano de control le abrió una investigación junto con otros dos jueces por tramitar una acción de amparo contra el Banco Central de Reserva cuando presidía la Cuarta Sala Civil en el 2004. Este vocal fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura en atención a la recomendación de la OCMA.
Durante el 2007 esa oficina dictó 1.263 sanciones disciplinarias entre suspensiones, multas, apercibimientos y propuestas de destitución. Así se suspendieron a 39 magistrados y a 28 auxiliares. Aunque el balance es positivo, Elcira Vásquez Cortez, quien está a punto de cumplir un año al frente de ese órgano de control, dice que aún hay mucho por hacer para recobrar la credibilidad del Poder Judicial.
Reconoce que ese poder del Estado está bastante desprestigiado, pero asegura que no todos los jueces y auxiliares son corruptos. "Vamos a dar a conocer dónde están esos focos de corrupción, porque por unos cuantos malos magistrados no se puede generalizar".
Otra intervención importante de la OCMA fue el caso del juez Alfredo Catacora: se pidió su destitución por actuar de manera parcial en el trámite de la querella que presentó el narcotraficante Fernando Zevallos contra la periodista Sally Bowen.
También se intervino en la Corte Superior de Lambayeque por la denuncia contra magistrados que participaron en una fiesta organizada por un litigante. Comprobada la inconducta, se pidió la destitución de la vocal superior Zavina Chávez Mella y los jueces de primera instancia Silvia Alvarado Vera, Rosa Vera Meléndez y Zacarías Camacho Sánchez.
Otro sonado caso fue la investigación ya concluida al ex presidente de la Corte Superior de Lima Jovino Cabanillas por presunto acoso sexual a dos empleadas. Elcira Vásquez dice que el informe ya está en su despacho con la propuesta de la Unidad Operativa Móvil. "Solo falta escuchar los informes orales para emitir mi opinión final en los próximos días", añade.
Menudita y de hablar pausado, Elcira Vásquez, quien en 1997 estuvo en el mismo cargo, señala que no ha recibido amenazas ni presiones, "pues ya me conocen, no soy una magistrada timorata". Dice además que es triste ver sancionar a un juez: "No me alegro cuando por nuestras investigaciones destituyen a alguno, pero tenemos que cumplir nuestra función".
Ella exhorta a los magistrados a no cometer irregularidades y espera que las investigaciones resulten disuasivas. "Vamos a seguir adelante, pues queremos un Poder Judicial transparente", advierte. Esperamos que así sea.
Corrupción también es interpretar mal la ley
Para la jefa de la OCMA, la corrupción en el Poder Judicial no solo radica en recibir una coima, también significa que el juez no cumpla su deber de administrar justicia, que realice tráfico de influencias o haga una mala interpretación del derecho. Dijo que también tienen responsabilidad en estos actos ilegales los litigantes porque alientan la corrupción.
Aclaró que el órgano de control solo ve la inconducta funcional de los jueces y auxiliares, a quienes se los sanciona previa investigación. Precisó que la resolución, buena o mala, que haya dado un magistrado no es competencia de la OCMA, sino de la Corte Suprema.
Manifestó, de otro lado, que las abstenciones que dicta la OCMA son medidas cautelares que apartan temporalmente al magistrado de su cargo. Es diferente a la suspensión. Esta última es una sanción que se aplica cuando se prueba una irregularidad, y no puede durar más de 60 días.
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