Por Elizabeth Salazar Vega / Fabiola Torres López
Tingo María, Trujillo, Ica, Huacho, Chincha, Tacna, Chiclayo, Casma, nuevamente Ica, Huaral y Lima. Con apenas 13 años de edad, Laura (como llamaremos a la pequeña) fue llevada a todas estas ciudades para ser prostituida en los burdeles que eran contactados por el 'Chacho', un hombre adinerado de 43 años que la sacó de su casa con la promesa de velar por ella como el padre que nunca tuvo. La pesadilla duró seis meses.
"Viajaba con cuatro hombres que me vigilaban. No podía decir nada. El 'Chacho' me hizo un DNI y yo memoricé el número para decirlo cada vez que me compraban un boleto", recuerda. Junto a María encontramos a otras dos menores, de 15 y 17 años, quienes han vivido casos similares, pero desde diciembre se encuentran a salvo en un albergue de la policía.
Ellas pertenecen a ese pequeño grupo que logra escapar de las mafias de trata de personas. Sin embargo, dentro y fuera del país hay compatriotas que siguen siendo trasladados por bandas para ser explotados sexualmente, ejercer trabajos forzados, mendigar o participar de actos ilícitos.
EL PROBLEMA ESTÁ ADENTRO
Según Dolores Cortés, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ocho de cada diez casos de trata identificados corresponden a trata interna, y la mayoría se ha dado en Lima y Cusco, pero también en Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa, Tacna, Piura y Puno.
Como informó este Diario, el nulo control en el tránsito interprovincial y el débil sistema de verificación de documentos que existe en el trámite de pasaportes de menores (en caso de viajes al extranjero) son aprovechados por los traficantes.
Por ello, la ONG Acción por los Niños, miembro del Grupo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas --integrado por ministerios e instituciones--, informó que en febrero se iniciará una campaña para que la policía supervise la documentación de los menores durante el tránsito interprovincial. "El sector Interior ha firmado un compromiso y se va a convocar al Ministerio de Transportes y a empresas para que colaboren".
Luis Antonio Encinas, representante del Ministerio del Interior, confirmó la propuesta, pero dijo que además en el reglamento de la Ley Contra la Trata de Personas (28950) se ha normado la necesidad de reforzar la vigilancia en los medios terrestres y fluviales para que las organizaciones criminales no los utilicen como rutas. No obstante, dicho reglamento aún debe ser refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sobre el tránsito internacional, se supo que recién hace un par de meses la Digemin solicitó al Colegio de Notarios del Perú y al Poder Judicial que le entreguen sus respectivas bases de datos, en las cuales consta la firma de los notarios y jueces de familia que expiden permisos de viaje para menores. Ello reemplazaría el cotejo visual que actualmente realizan los supervisores de los aeropuertos del país. Además, impediría la entrega de documentos falsificados que se utilizan para sacar a los niños.
PNP frustró 250 viajes irregulares
Para el tráfico internacional, los traficantes también se asocian con bandas especializadas en falsificar documentos migratorios. Los Internacionales es una organización delictiva que fue desarticulada en noviembre pasado y en cuyo laboratorio, ubicado en el Rímac, se incautaron pasaportes de 19 países listos para ser entregados, cédulas de diferentes nacionalidades, cintas de seguridad, permisos italianos, sellos, logos y otros. "Entre sus clientes se encontraban traficantes de menores y se les procesará por ello", explicaron agentes de la División de Estafas.
Según la Jefatura de Investigación Criminal (Jeincri) del Callao, en el 2006 se registraron 356 intervenciones en el aeropuerto Jorge Chávez a personas que se disponían a salir del país con documentos fraguados. En el 2007, la cifra se redujo a 250 casos, pues aquellos que buscan burlar el control migratorio ahora lo hacen por las fronteras con Ecuador, Bolivia y Brasil, advirtió el comandante PNP Sergio Muñoz.
EL DATO
No tienen supervisores
Voceros del Ministerio de Transportes indicaron que no cuentan con el número de supervisores suficiente para fiscalizar el tránsito de menores en las carreteras. En todo caso, dijeron, la Policía de Carreteras tendría mayor capacidad para hacerlo.