El peligroso capricho del JNE

Por Hugo Guerra

No es posible, equilibrado lector, que el país comience el 2008 metido en el lío seudojurídico que alienta el JNE por desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del Fondo Nacional de Vivienda.

Aquella creación de la dictadura militar desde 1979 so pretexto de la solidaridad social le quitó un porcentaje de su sueldo a unos cuatro millones de trabajadores formales con el fin demagógico de "construir casas para los más pobres". Hasta 1998 (cuando se creó el Impuesto Extraordinario de Solidaridad), menos del 4% de los aportantes se benefició con proyectos habitacionales de dudosa calidad y misteriosa administración. El resto cayó en el barril sin fondo estatal.

Indebidamente, entonces, se retuvo y malversó dinero de los trabajadores. Sucesivas asociaciones de fonavistas (ejemplo de organización de la sociedad civil) reclamaron la devolución sin éxito, hasta que hace unos días el TC ha sentenciado y ha señalado que el caso debe llevarse a referéndum porque al no ser tributaria la naturaleza del Fonavi, los ciudadanos tienen derecho a decidir el destino final de los aportes, incluyendo su eventual devolución.

La sentencia es impecable, la jurisdicción apropiada y la lógica jurídica y social resulta incuestionable en un colegiado que inclusive se recompuso para la vista de la causa según las normas que lo rigen. Más aún, el JNE se constituyó en parte validando el proceso.

Se niega, sin embargo, a convocar al referéndum sosteniendo tercamente (sobre materia ya fallada) que los aportes al Fonavi serían tributos y, por tanto, escaparían a su potestad de convocatoria electoral. Reincide así en un comportamiento caprichoso y confrontacionista tras haber sido derrotado hace poco precisamente por el TC en el caso de la procedente revisión de las sentencias electorales cuando se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es, por tanto, rebeldía intolerable.

En el Congreso en vez de poner en orden al JNE ciertos parlamentarios oficialistas y algunos opositores quieren recortarle las facultades a un TC que sin duda es enérgico en la defensa de la Constitución, pero constituye la máxima instancia de respeto al Estado de derecho.

Frente a esto, querido lector, los peruanos debemos advertir primero, que no deben politizarse las controversias institucionales. Segundo, que como parte de su saneamiento integral el Estado debe honrar sus obligaciones con los extranjeros, pero también con los connacionales. No pueden perpetuarse perros muertos como el robo de la reforma agraria. Tercero, que cuando los ciudadanos permiten políticas populistas e irresponsables, tarde o temprano son responsables por las consecuencias. Y, cuarto, que independientemente de la forma como se paguen las deudas (los 22 mil millones de soles del Fonavi que podrían refinanciarse de mil maneras para no poner en riesgo la estabilidad fiscal), en una auténtica democracia no es condonable el robo de la propiedad privada, en este caso los aportes.