Una primera batalla ganada al burocratismo

La entrada en vigencia de la Ley del Silencio Administrativo es un hito en la historia del Estado Peruano: a partir de ahora, el ciudadano que realice un trámite y no reciba respuesta en el plazo establecido debería dar por aprobado el mismo.

Sin embargo, queda mucho por hacer para que la norma sea internalizada en todos sus alcances por algunas dependencias burocráticas que se resisten a cumplirla --sobre todo algunas municipalidades--, sea porque abusivamente financian el grueso de su presupuesto con los pagos por trámites o simplemente porque quieren seguir medrando de la corrupción a que todo esto da lugar.

La verdad es que, en su primer mensaje a la nación, tras asumir el mando el 2006, el presidente García prometió reducir trámites en todas las instancias estatales. Ello apuntaba tanto al ahorro de tiempo y molestias a los consumidores cuanto a la búsqueda de mayor eficiencia por parte del aparato estatal, lo que constituyen loables objetivos.

Sin embargo, la realidad es otra y son muy pocos los avances para acabar con la nefasta cultura de la tramitología.

Las rumas de papeles acumulados en los escritorios de los burócratas deben ser una cosa del pasado, también porque son un lastre para el desarrollo. Según la Cámara de Comercio de Lima, las barreras burocráticas significan el 10,5% de los sobrecostos de la economía nacional y representan US$661 millones al año. De acuerdo con la Contaduría Pública, los ciudadanos desembolsan S/. 1.093 millones al año en trámites.

Este derroche abusivo debe terminar. Todas las entidades públicas deben adaptar su normativa a la Ley del Silencio Administrativo e instruir a sus inspectorías para controlar su aplicación. Así como debe evitarse la ineficiencia y la corrupción para aprobar trámites, tienen que fiscalizar cualquier sospechosa inacción que lleve a una aprobación automática por motivaciones oscuras.

Debemos tender a la ventanilla única de atención y a la interconexión de bases de datos entre las diferentes entidades estatales, como el Reniec y la Sunat. La administración pública se debe al ciudadano y no al revés, por lo que cualquier trámite obligatorio debe ser gratuito.