Por Pedro Ortiz Bisso
Becar a los mejores estudiantes para que se conviertan en profesores y castigar con 20 años de cárcel a los conductores de buses-camión que ocasionen accidentes con muertes o lesiones graves suenan a medidas revolucionarias de un gobierno comprometido con el país, que supo sacudirse del exitismo desatado por las cifras macroeconómicas para plantarse ante el ciudadano de a pie y decirle, cara a cara, que está interesado en solucionar sus problemas.
La educación es un tema que concierne a todos. Constatar el analfabetismo funcional al que están condenados miles de estudiantes del país, por la deplorable instrucción que reciben y las condiciones espantosas que deben soportar a diario, preocupa hasta la indignación. El paquete de medidas anunciado por el ministro José Antonio Chang el último jueves, entre las que destaca la captación de egresados de otras profesiones para instruirlos e incorporarlos como maestros, da en el blanco de una preocupación compartida por todo el país, aunque --como se esperaba-- ha generado opiniones discrepantes entre los especialistas en la materia.
Lo mismo puede decirse de la Ley 29177, que establece no solo cárcel para los choferes de buses-camión, sino también para aquel que los ensamble y comercialice. Diversos penalistas han criticado la excesiva dureza de las penas, así como su falta de proporcionalidad. No obstante, nadie puede negar que es el emprendimiento más decidido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para acabar con esta lacra que riega de sangre las carreteras del país.
Sin embargo, la sensación que queda tras conocer estas medidas --incluida la recién estrenada vigencia de la Ley del Silencio Administrativo Positivo-- es que si bien tienen un objetivo encomiable, siguen siendo acciones aisladas, que no forman parte de un conjunto orgánico que muestre un derrotero definido. Parecen piezas de un rompecabezas cuya imagen final nadie conoce, que súbitamente son lanzadas al ruedo tras una evaluación en la que el impacto mediático tiene un peso mayor que su real efectividad.
Está en manos del Gobierno quitarnos esa sensación.