El Poder Judicial jaqueado

Por Raúl Ferrero. Jurista

Una democracia se mide por el grado de independencia de los distintos órganos en que el poder se encuentra repartido. A mayor independencia entre ellos, mayor será el nivel democrático del país.

Y de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es este último el que se distingue de los otros por ser esencialmente apolítico (técnico) y constituir el órgano al cual se dirige cualquier persona en busca de que se dirima su derecho sin intervención de la fuerza o influencia política del gobierno de turno.

Por eso es que se busca reforzarlo, otorgándole las seguridades y garantías que requieren para su mejor desempeño.

Sin embargo, es claro que el respaldo que necesita no está reflejado en el apoyo económico que el gobierno le viene asignando.

Por el contrario, recientemente su presupuesto ha sido recortado, lo que debilita a la administración de justicia, haciéndola cada vez más vulnerable a la presión externa de los litigantes, llámese esta corrupción o influencia política.

El presidente de la Corte Suprema reclama insistentemente el mejoramiento de los recursos para el Poder Judicial, el cual elabora su propio presupuesto, pero luego, este tiene que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es el que dispone cuánto y cuándo le asigna los fondos aprobados.

Los procedimientos establecidos han creado un filtro, a través del MEF, el que como ente ejecutor del presupuesto de la República se convierte en la llave del tesoro público, al que se accede o no según el criterio de los funcionarios de dicha dependencia.

El diseño operativo no carece de lógica. El problema se da cuando se desmerece la función judicial al considerarla algo prescindible o, en todo caso, cuando se piensa que la solución de los conflictos puede esperar y nada grave ocurrirá. Así, piensan algunos, que una huelga que paralizó la administración de justicia por seis semanas, no afecta mayormente el funcionamiento del conglomerado social, ya que los pleitos bien pueden esperar, ya que si la justicia es de por sí lenta no importa mucho que se demore un poco más.

Tampoco se piensa en los casos de reos en cárcel, el 'andahuaylazo', los casos de graves irregularidades, como los de la Conapa, Sistema Integral de Salud (SIS), la corrupción ocurrida en el penal de Piedras Gordas, entre otros, que exigen atención sin dilaciones.

La actual huelga del Poder Judicial debe ser entendida en ese contexto de desinterés por el presente y el futuro de este, ya que, ciertamente, uno verdaderamente independiente puede serle fastidioso al Gobierno.

El reconocimiento de la bonificación a los trabajadores administrativos y jurisdiccionales, aprobada por una ley (29155) y luego dejada sin efecto por un decreto de urgencia (048-2007), bien podría estar trasluciendo la escasa importancia que el Gobierno le asigna a la administración de justicia, a pesar de que se diga lo contrario.

El Poder Judicial es el encargado de evitar o corregir los abusos y las arbitrariedades en que pudieran incurrir los poderes políticos, por lo que les resulta incómodo. ¿Cómo se entiende si no que su reforma siga detenida y el parlamento no apruebe las leyes que esperan el turno para concretar los cambios que antes se pedían y ahora se reclaman? ¿O es que a muchos no les interesa que la reforma prospere?

Definitivamente, romper la inercia de los males endémicos que lo afectan no es fácil, ya que existen intereses creados que resultan complicados remover. Daría la impresión que quienes se oponen a la reforma desean seguir medrando de las debilidades del sistema, para así seguir aprovechando de él.