España dividida entre la fe y el laicismo

Por Yolanda Vaccaro. Corresponsal

MADRID. La actual legislatura española, que toca a su fin en marzo próximo con elecciones generales, ha estado marcada por un severo distanciamiento entre el Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia Católica.

El 30 de diciembre, unas 500.000 personas se manifestaron en el centro de Madrid, convocadas por la jerarquía católica, para defender el modelo de familia tradicional frente a la política de José Luis Rodríguez Zapatero. Los manifestantes rechazaban, entre otras cosas, la ley que permite el matrimonio entre homosexuales. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio Rouco Varela, incluso ha llegado a decir que España está en retroceso en legislación sobre derechos humanos por ese tema.

El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reaccionó pidiendo a la Iglesia que solicite al opositor Partido Popular (PP) --al que brinda su apoyo-- incluir en su programa la eliminación del divorcio, del aborto y de la ley de las bodas homosexuales, o que se presente a las elecciones.

Por primera vez desde la instauración de la democracia en el país, la Iglesia Católica española toma partido en la política de forma tan contundente. Dicen los expertos que esto se debe sobre todo a que la Iglesia está dominada actualmente por los llamados teocons o movimientos conservadores, tales como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo (creados en México), Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación, Hazte Oír, Foro Español de la Familia, Asociación Católica de Propagandistas, o plataforma E-cristians, frente a los movimientos católicos moderados. Los que, por cierto, tienen una importante cantera entre los fieles que provienen de Latinoamérica.

RAZONES PARA LA DISTANCIA
El cardenal Rouco señaló en su mensaje del 30 de diciembre: "La experiencia diaria nos enseña lo que sucede a las personas y a las sociedades cuando no construyen el matrimonio y la familia sobre el fundamento sólido de la institución divina: vidas rotas por la separación irreversible entre los cónyuges, sufrimientos, desorientación y desamparo de los niños y los jóvenes afectados por la ruptura familiar, la plaga del aborto y el envejecimiento imparable de la población". Para el religioso, el gobierno actual fomenta la cultura del laicismo radical.

La jerarquía católica exige que se deroguen las llamadas leyes sociales aprobadas por el actual régimen: la de la separación rápida (que permite el divorcio de mutuo acuerdo en menos de dos meses), la del matrimonio entre homosexuales y la que quita el curso de religión (católica) de la lista de materias obligatorias en la enseñanza escolar.

También demanda que se elimine la ley del divorcio en general, en vigor desde 1981, así como la norma que rige el aborto, vigente en España desde 1985, y que permite a las mujeres abortar bajo tres supuestos: por violación (durante las primeras 12 semanas de embarazo), por malformación del feto (durante las primeras 22 semanas), y si hay peligro para la salud física o psíquica de la madre.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha respondido afirmando que la única vía para dotar de normas y leyes a la sociedad es la de la Constitución, que garantiza la libertad a creyentes y no creyentes.

Pero las reacciones también han provenido de los mismos católicos que no comulgan necesariamente con las ideas de la jerarquía eclesiástica católica. El colectivo Redes Cristianas, que agrupa a unos 150 movimientos de base y comunidades católicas, hizo público un comunicado que afirma que la Iglesia no piensa más allá de sí misma. "Tu legalidad raya frecuentemente en la injusticia. Conviértete a la justicia, aunque tengas que rebasar tu propia legalidad. Por ejemplo, cuando discriminas las distintas formas de familia", agrega. Además la nota afirma que la jerarquía eclesiástica ignora la realidad de tantos católicos que viven y sienten la familia con acentos distintos, pero acordes con los valores del Evangelio, según la interpretación de este colectivo.

DEFENSORES DEL LAICISMO
Paradójicamente, y para evitar una pugna con la Iglesia Católica, Rodríguez Zapatero ha renunciado a aplicar algunas de sus promesas electorales más polémicas como la ampliación de los supuestos que permiten abortar y la legislación sobre la eutanasia.

Asimismo, el Estado Español no solo sigue financiando a la Iglesia Católica, sino que ha aumentado esa partida presupuestaria: cada español, sea o no católico, pagará este año 3,5 euros para el mantenimiento del clero, un 34% más que hasta el momento, y en la declaración de la renta, la contribución del 0,5% para el clero aumentará hasta el 0,7%. Además, el Estado solventa los sueldos de los 15.000 profesores de religión católica. Todo ello sobre la base de unos acuerdos firmados por el Gobierno Español en 1979, los que Rodríguez Zapatero no ha tocado.

Por todo ello y por el cruce de declaraciones de los últimos días, el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha acusado al Ejecutivo de tener una actitud benevolente, lo que no ha hecho sino enardecer a la jerarquía eclesiástica más ultramontana.

Diversos editoriales del diario "El País" han reclamado que el Estado sea laico de una vez, afirmando que es hora de eliminar los rastros que queden de confesionalidad, ya sea en la celebración de funerales de Estado, en la peculiar financiación de la Iglesia Católica --que ha de ampliarse a otras confesiones--, en el papel del catolicismo en la educación o en la actuación religiosa de los poderes del Estado en actos oficiales.

MÁS DATOS
4 Según la Constitución, el Estado Español es aconfesional, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Estado Francés, que se define como laico.
4 Además afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal aunque "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española" y mantendrán la cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
4 El 90% de los españoles se declara católico, pero solo el 30% afirma ser practicante.
4 Los cardenales españoles arremeten contra algunas medidas gubernamentales y acusan al Gobierno de destruir la familia tradicional con leyes como la del matrimonio homosexual y la del divorcio rápido