Temas ambientales generaron mayor número de conflictos

La Defensoría del Pueblo dio a conocer ayer los resultados del último reporte de conflictos sociales, correspondiente al último mes del año pasado. Las estadísticas dan cuenta de 78 conflictos de distinta intensidad entre diversos sectores de la población y autoridades de diferentes entidades públicas y empresas privadas.

Este mes se registran cuatro casos como resueltos en los departamentos de Lima, Moquegua, Puno y Ucayali.

El reporte registra 28 casos de movilizaciones. Además, se encontraron dos casos nuevos: el conflicto surgido a partir de la solicitud de homologación de remuneraciones de los magistrados y un problema limítrofe entre los departamentos de Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. También se registran este mes nueve acciones de violencia terrorista.

La Unidad de Conflictos Sociales, encargada de la elaboración de este reporte, dio a conocer que, de los conflictos registrados, 26 se encuentran activos y 52 en estado latente.

Asimismo, el 47% de los conflictos reportados se refiere a asuntos socioambientales; el 27% está relacionado con el desempeño de alcaldes provinciales y distritales; el 6% se refiere a disputas en comunidades y el 6% a demandas gremiales.

Respecto a las autoridades y entidades cuestionadas, los 78 casos dan cuenta del cuestionamiento a 86 autoridades, funcionarios y entidades varias. El 19% de las autoridades cuestionadas son alcaldes provinciales y distritales. Otras entidades incluidas son empresas extractivas (35), ciudadanos o comunidades (8), gobiernos regionales (4) y Poder Judicial (2).

En 49 casos se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, el secuestro de personas. En 31 conflictos la población tomó el local de la institución cuestionada, en la mayoría de los casos, la municipalidad.

En 44 casos se han registrado paros y movilizaciones. Asimismo, en 23 conflictos se han reportado, como parte de las protestas, bloqueos de vías de comunicación.

DEL CONSULTOR
Ante todo el diálogo*
En diciembre del 2006 los conflictos activos eran 13, hoy son el doble. La tendencia creciente se ha mantenido con pequeñas variaciones. En cuanto a los latentes, esta es una señal de alerta sobre posibles estallidos y, a la vez, de la capacidad de intervención preventiva de la autoridad pública.

Preocupa que por varios meses consecutivos los conflictos socioambientales se hayan mantenido en porcentajes superiores al 40 %. Se trata de hechos complejos en los que se mezclan temores y desconfianzas de parte de la población con un sistema de gestión ambiental que no asegura un auténtico control de la actividad minera e hidrocarburífera. Esto podría revertirse si se concibe el anunciado Ministerio del Medio Ambiente.

En el 2008 hay que seguirle la pista a los conflictos relacionados con las revocatorias de autoridades locales y regionales y los derivados de los límites difusos entre diversas circunscripciones territoriales.
* Rolando Luque. Abogado Defensoría del Pueblo

LAS CIFRAS
66
conflictos (85%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.
50
conflictos (61%) de los que se produjeron en diciembre tuvieron como escenario algún poblado de la zona rural de nuestro país.