Titular del JNE no cree necesario impedir las revocatorias por ley

Las autoridades ejecutivas del país no deben temer que el proceso de revocatoria de alcaldes y presidentes regionales vaya a generar una convulsión social este año, cuando se desarrollen en el país dos cumbres presidenciales, afirmó el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Enrique Mendoza. ¿La razón? Estima que la convocatoria a consulta popular recién se haría a fines de año o a inicios del 2009.

El proceso de revocatoria ya se inició con la venta de paquetes por parte de la ONPE, pero requiere que los interesados junten firmas, esperen su verificación y luego soliciten que el JNE convoque a consulta popular.

El proceso demoraría varios meses, por lo que no sería necesario que el Congreso aprobara una ley para prohibir las revocatorias hasta el 2009 con la finalidad de evitar que estas coincidan con la cita presidencial de la Unión Europea y América Latina, en mayo, y con la del APEC, en noviembre.

"La preocupación expresada por el primer ministro (y también por los presidentes regionales) es legítima porque vienen visitas. Sin embargo, en la práctica la convocatoria a revocatoria comenzaría a fines del 2008 o principios del 2009", dijo Mendoza.

En el mismo sentido opinó el experto en temas municipales Julio César Castiglioni. "Es verdad que el proceso de revocatoria trae cierta inestabilidad, alguna convulsión también porque hay una campaña entre los que quieren que se vaya una autoridad y los que quieren que se quede, pero si el proceso se convoca en octubre o noviembre, no afectará a las cumbres", avizoró.

El abogado advirtió que no se debe utilizar el tema de la eventual postergación "para favorecer a algunos alcaldes y presidentes regionales que han realizado una gestión desastrosa".

Ex alcalde de Lima apoya postergación
"Las revocatorias deben postergarse hasta el 2009", afirmó ayer el congresista Alberto Andrade Carmona (AP).

El ex alcalde de Lima considera que recién al tercer año de gestión de los alcaldes y presidentes de las regiones los ciudadanos podrán decidir si están a favor o no de su salida.