El objetivo es uno: desterrar la corrupción

Resultan positivas las iniciativas para limar asperezas entre la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y la Contraloría General de la República. Para ello tienen que delimitarse las atribuciones y límites de cada organismo, pero también dejar de lado los celos infundados del organismo contralor.

Nadie tiene el monopolio en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, se trata de una causa nacional que convoca la participación firme, plural y ordenada de todos. Entre ellos y de modo prioritario, de las entidades mencionadas, pero también de la fiscalía, las inspectorías de cada ministerio y, por supuesto, del Congreso de la República, cada cual en su momento, grado y alcances.

La Contraloría, de acuerdo con la Constitución, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto, la deuda pública y las acciones de las entidades estatales. Se trata, entonces, de una labor principalmente a posteriori para lo cual goza de autonomía.

Sin embargo, es evidente que la corrupción estatal, sobre todo desde la época del fujimorato, sobrepasa largamente lo que puede hacer el organismo de control, que en general sigue mostrando deficiencias y vacíos clamorosos.

Por lo mismo, es saludable la creación de una entidad como la ONA, que de modo complementario se ocupe de soluciones macro en la lucha contra la corrupción, que empiecen por una gran campaña preventiva y educativa en todas las instancias del aparato estatal. Esto debe llevar a crear una nueva cultura de transparencia y respeto a los fondos de los contribuyentes, pero también demostrar los graves riesgos a que se exponen los transgresores.

Podría, entonces, ocuparse de cotejar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y analizar las conductas sospechosas o erráticas de otras entidades fiscales, judiciales o contraloras. Al efecto, es posible que la ONA tenga que hacer sus propias investigaciones y atender denuncias, para trabajar en casos-tipo de corrupción, que puedan llevar posteriormente a denuncias formales canalizadas por los mecanismos correspondientes

No hay pues motivo para exacerbar susceptibilidades. Por el contrario, hay que aclarar prerrogativas y responsabilidades y promover la colaboración entre los organismos anticorrupción, sin perder de vista que está en juego un bien mayor: el saneamiento de la función pública y el buen uso del dinero público, de todos.