Un llamado al Gobierno

Por César Humberto Cabrera. Economista

Los organizadores de la consulta popular de Majaz tenían el propósito de bloquear el desarrollo del proyecto minero Río Blanco y, al mismo tiempo, fijar una ruta para impedir el desarrollo de otros proyectos.

Frente a esta situación, es indispensable que el Gobierno le informe al país qué tipo de consulta se ha realizado en Majaz y cuánta violencia han utilizado sus organizadores para forzar el voto por el no.

En primer lugar, es necesario que el Gobierno informe que los alcaldes no tienen derecho a hacer una consulta sobre la explotación de un yacimiento minero o petrolero sin informarle a la población que la misma no es vinculante porque los recursos naturales son propiedad de la nación y el Estado tiene la obligación de ponerlos en valor. Como saben los promotores de esta consulta, ni siquiera el Convenio 169 de la OIT le otorga a los grupos originarios el derecho de veto sobre la explotación de recursos naturales, que es lo que plantea una consulta de este tipo; eso sí, les otorga un amplio y democrático derecho a ser consultados sobre cómo se desarrollará el proyecto.

En segundo lugar, es indispensable que el Gobierno le explique al país que esta consulta se ha realizado también en Ayabaca y Pacaipampa, dos distritos que están en la vertiente del Pacífico, no en la vertiente del Atlántico donde está ubicado el proyecto. Esto último indica que la mejor relación empresa-comunidad no es suficiente para llevar adelante un proyecto minero, dado que la acción contra este suele venir, en la mayoría de los casos, de centros poblados y distritos que no tienen vinculación alguna con el proyecto.

En tercer lugar, debe explicar que los organizadores de esta consulta no permitieron que se brindara información alguna sobre los beneficios del proyecto entre la población a ser consultada, la cual conoció solo un punto de vista: el de quienes rechazan la minería. Es sabido que nadie que no estuviera de acuerdo con el no a la minería tenía la posibilidad de presentar libremente información a la población campesina, como debería ser en un proceso de consulta democrática. El acceso mismo a estos distritos estuvo bloqueado al resto de la población del país durante las semanas previas a la consulta por un sistema de tranqueras controlado por las rondas campesinas del lugar.

En cuarto lugar, el Gobierno debe poner en conocimiento de la nación que la mayoría de las comunidades campesinas de Piura fueron haciendas hasta la reforma agraria, no milenarias comunidades que existían antes de la conquista. Este fue el caso de la comunidad de Yanta, antigua hacienda del mismo nombre, en cuya vertiente atlántica está localizado Majaz.

En quinto lugar, el Gobierno debe denunciar ante el país que al bloquear la presencia de empresas formales con capacidad financiera y tecnológica para desarrollar un yacimiento minero, los organizadores de este tipo de consulta le están abriendo el camino a la minería ilegal, que es sinónimo de contaminación, explotación del trabajo infantil y utilización sin control de insumos peligrosos, como ocurre en Tambogrande.

Si el Gobierno realiza en forma eficiente esta labor de información y se compromete con el desarrollo de la actividad minera, la consulta popular de Majaz tendrá un impacto menor y la inversión en nuevos proyectos en Cajamarca y el país podrá ser una realidad.