Corre peligro la extradición de acusada de terrorismo

Por Mario Mejía

Los trámites de extradición de la abogada Mónica Feria Tinta, acusada de pertenecer a la agrupación terrorista Sendero Luminoso y actualmente detenida en Alemania, quedarían sin efecto debido a que, según la procuraduría contra el terrorismo, hasta el momento el Poder Judicial no ha terminado de reunir la documentación.

Julio Galindo, quien está al frente de esa procuraduría, indicó que desde octubre del año pasado viene solicitando a la Sala Penal Nacional que inicie el proceso de extradición sin haber tenido hasta ahora respuesta alguna, pese a que tal pedido fue reiterado el 5 de enero y el 8 de enero de este año con carácter de urgente.

La solicitud de aceleración del trámite de extradición es justificable, pues, según un informe de la Interpol de Alemania y de la Fiscalía de Colonia remitido a las autoridades peruanas, al que tuvo acceso El Comercio, "la documentación extradicional deberá estar a disposición de las autoridades alemanas competentes antes del 31 de enero del 2008".

Después de ese plazo, Feria Tinta, quien está requerida por la justicia peruana por los delitos de apología del terrorismo y asociación ilícita, sería puesta en libertad, de acuerdo con la procuraduría.

Consultado sobre el tema, Pablo Talavera, presidente de la Sala Penal Nacional, informó que el cuaderno de extradición ya está redactado y firmado y que sería elevado a la Corte Suprema entre hoy y el próximo lunes.

Una vez recibido el cuadernillo, la Corte Suprema deberá fijar la vista de la causa para declarar procedente o no la solicitud de extradición. Resuelto esto por la sala competente, el expediente pasará al Ministerio de Justicia, que a su vez lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este lo envíe a las autoridades alemanas.

La procuraduría contra el terrorismo espera que todo ese largo proceso se efectúe con rapidez, a fin de que se pueda entregar la documentación pertinente antes de que se venza el plazo señalado.

Mónica Feria, quien trabajaba en el periódico senderista "El Diario", denunció al Perú en 1997 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del debelamiento del penal Castro Castro en 1992, en el que murieron varios terroristas.