"Me quisieron sobornar dos veces"

Por Miguel Ramírez. Unidad de Investigación

Hace unos días, la empresa Comarsa, vinculada a los hermanos Sánchez Paredes, publicó un aviso en el cual lo sindican a usted de autoridad que los quiere perjudicar por vincularlos con un supuesto desvío de insumos químicos al narcotráfico. ¿Qué opina sobre esto?
Todo lo que dice esa empresa sobre mí es una infamia. Estos ataques contra mi persona y mi familia empezaron cuando iniciamos una investigación en Cajamarca, el 23 de marzo del 2007. Intervinimos un camión, de propiedad de la empresa Príncipe Azul, que llevaba cinco toneladas de óxido de calcio que no tenía la respectiva documentación. Esta acción nos llevó a intervenir otro camión de la empresa Abanto, donde se intervinieron veinticinco toneladas más, que tampoco tenía la documentación que la sustentara. Esa operación nos llevó a conocer que existía un documento en blanco que era una factura de la empresa Fortucal (de propiedad de Fortunato Sánchez Sánchez, hijo de Wilmer Sánchez) que aparecía como la distribuidora y vendedora de los insumos. Después de dos meses de la actuación en Cajamarca, viajamos a Trujillo y el 25 y el 26 de mayo intervinimos la empresa Fortucal. Allí descubrimos que el local de esta empresa no reunía las condiciones mínimas para almacenar insumos químicos. Por el contrario, se encontró un horno que estaba en funcionamiento y producía óxido de calcio. Se les pidió el certificado de usuario. Sí lo tenían, pero descubrimos que este había sido otorgado irregularmente.

¿Por qué era irregular?
La licencia municipal de funcionamiento que le había otorgado la Municipalidad de Nueva Esperanza a Fortucal era para almacenamiento. Sin embargo, la policía antidrogas de Trujillo le cambió de giro y le otorgó una autorización para comercialización. Eso es irregular, ilegal. En el ámbito nacional, nosotros tenemos oficinas antidrogas, que se llaman Divandros y Seandros. Pero ninguna de ellas tiene la potestad de cambiar el giro de las empresas, como en este caso ocurrió. Fortucal tenía autorización para almacenamiento y no para comercialización. Entonces requisamos ese documento y fue adjuntado después al atestado respectivo.

¿Hubo complicidad de la policía?
En estos momentos existe una investigación al respecto.

¿Qué pasó luego?
Nos fuimos a la empresa Comarsa, porque el óxido de calcio incautado tenía por destino oficial esa compañía. El propietario de Comarsa es Orlando Sánchez Paredes. También intervinimos a la empresa Inversiones Amazonas, cuyo propietario era un suboficial de la policía, que semanas después, a raíz de esta investigación, se retiró de la institución. Esta segunda empresa tenía un faltante de 175 toneladas de este insumo químico. Lo más sintomático es que Inversiones Amazonas es la principal abastecedora de la empresa San Simón, también de propiedad de los hermanos Sánchez Paredes. Pero esta investigación contra San Simón no la hemos podido aún desarrollar por los obstáculos que hemos encontrado.

¿Todas las intervenciones que ha descrito se hicieron con participación del representante del Ministerio Público?
Sí. Con el fiscal de Cajamarca, el doctor José Luis Castillo Espejo. Él estaba permanentemente con nosotros y nos acompañaba a todas las diligencias, incluso en Trujillo.

¿Qué sucede cuando llegan a la empresa Comarsa?
Pedimos los libros, los certificados de usuario que estaban en Lima, que nos los faxearon en copias, y al día siguiente nos trajeron los originales. Hicimos un cruce de información de los certificados de usuario, de los libros de uso de ingreso y salida de los insumos químicos y de los reportes mensuales que hacen las empresas al Ministerio de la Producción, y allí descubrimos que no solo había un grueso faltante de óxido de calcio, sino también faltaban de cinco a seis insumos químicos más. Al día siguiente, en la mina verificamos el stock físico. En ese stock físico encontramos que no tenían hipoclorito de sodio; sin embargo, el día 27 de mayo, pese a que no realizan ninguna compra, utilizan 500 toneladas y al día siguiente mil 100 toneladas de dicho insumo, que era la cantidad que les estaba faltando. ¿Cómo pueden haber utilizado algo que no tenían y no habían comprado? Lo que pretendían era justificar ese faltante.

¿Cómo obtuvo los libros?
Nosotros notificamos al administrador de la compañía en Trujillo, y él llevó los libros. De acuerdo con lo que manda la ley, ese material en original se quedó con nosotros para el análisis y la denuncia respectiva. Los libros eran la prueba del faltante de insumos. Ante la presunción de un hecho delictivo, tuvimos que anexar los libros al atestado policial y luego denunciamos a los responsables, entre ellos al presidente de la empresa Comarsa, Orlando Sánchez Paredes, y a su hermana Amanda Sánchez Paredes.

¿Aquí empiezan los problemas y las presiones?
Exacto. El 11 de julio del 2007 se presentó en mi oficina de Trujillo la fiscal María del Rosario Milián Soler y la señora Amanda Sánchez Paredes. En ese momento, esta última persona era no habida, pero increíblemente ese día se presentó en mi oficina acompañando a la fiscal Milián Soler. Junto con ellas también llegaron los abogados Bueno, Sánchez y Cucho. Y también una persona más a quien la fiscal Milián Soler presentó como el representante legal de la empresa Comarsa. Su nombre es Guillermo Ortiz Calderón.

¿Qué quería la fiscal Milián?
Los libros. Me dijo que estaba allí en cumplimiento de una resolución emitida por el fiscal de Cajamarca, José Luis Castillo. Esa resolución (la fiscal Milián nunca me mostró el documento original) disponía que yo entregara los libros al representante legal de Comarsa, es decir, a Guillermo Ortiz. Me parecía increíble que el fiscal Castillo, que conmigo había participado en todas las intervenciones, me hiciera ese pedido. No entregué los libros. Se trataba de una prueba incriminatoria y yo no podía entregarla así nomás. Además, ni siquiera había sido notificado formalmente para hacer esa entrega.

¿Entonces qué pasó?
Fui insultado, vejado y hasta amenazado por la fiscal Milián, que quería a como diera lugar que yo entregara los libros de los ingresos y egresos de los insumos químicos. Lo mismo hizo la señora Amanda Sánchez Paredes, a quien no pude responderle por respeto a su avanzada edad. Era tanta la presión de esa autoridad que llamé telefónicamente al fiscal superior decano de Trujillo, Luis Cortez Albán (que es el superior jerárquico de Milián) y lo puse al tanto de lo que estaba sucediendo. También llamé al fiscal José Luis Castillo, quien me reiteró que debía entregar los libros. Lo más grave del caso es que --según información que hemos obtenido-- el fiscal decano Luis Cortez, lejos de actuar con imparcialidad, le pidió al fiscal Castillo que variara su resolución en la que indicara que los libros ya no fueran entregados al representante legal de Comarsa, Guillermo Ortiz, sino a la fiscal Milián.

Siga, por favor.
Mientras discutíamos, le pedí al representante legal de Comarsa, Guillermo Ortiz Calderón, que me mostrara sus documentos personales, pero me dijo que no los tenía. Entonces le solicité la minuta o la carta poder que lo acreditara como representante de Orlando Sánchez Paredes, pero tampoco tenía nada. Le pedí esa carta poder porque quien estaba acreditado legalmente ante la policía como representante legal de Sánchez Paredes era el doctor Reynaldo Ignacio Pavia Díaz. Esto ocurrió entre las 9:00 y 10:30 de la mañana de ese 11 de julio. Como no tenía ese documento, Guillermo Ortiz se retiró. Lo mismo hicieron la fiscal Milián, Amanda Sánchez Paredes y los otros dos abogados. Lo más sorprendente es que a la 1:00 de la tarde volvió la fiscal Milián acompañada por Guillermo Ortiz, quien me mostró la escritura pública 1047 de la notaría Anticona Aguilar, en la que el señor Orlando Sánchez Paredes le otorgaba poderes para representarlo en la diligencia de los libros. Esto me pareció bastante raro. Entonces hicimos una comparación de la firma de Orlando Sánchez que aparecía en ese documento con su firma que aparece en otros documentos que tenemos en nuestro poder, y descubrimos que esa no era su rúbrica. Se trataba de una falsificación. Pese a ello, la fiscal continuó con su diligencia y levantó un acta. Después se retiró con Ortiz.

Lo que usted afirma es bastante grave. ¿Tiene cómo probarlo?
Claro. Ese mismo día, 11 de julio, yo informé de todo esto a mi comando, a Luis Alva Castro, ministro del Interior, a Luis Cortez Albán, fiscal decano de Trujillo, y a la misma fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar.

¿Es cierto que la fiscal Milián Soler llegó en la camioneta de Amanda Sánchez Paredes?
Sí. Llegó y se retiró en esa camioneta. Usted sabe que nosotros somos supervisados permanentemente por nuestros superiores. Precisamente, un equipo especial de inteligencia que estaba en Trujillo vigilando nuestro trabajo grabó esa escena. (Ver video en www.elcomercio.com.pe)

¿Ya no ha vuelto a ver a la fiscal Milián?
No. Lo más sintomático es que estos hechos ocurrieron el 11 de julio, y ella, un mes después, me denunció por desacato y abuso de autoridad. Y ahora inspectoría de la policía me está investigando por este hecho.

¿Qué otro tipo de presiones e insinuaciones recibió en esos momentos?
En junio, cuando estaba con mi personal redactando el atestado incriminatorio contra Comarsa y Orlando Sánchez Paredes, me fue a buscar el doctor Reynaldo Ignacio Pavia Díaz, quien me propuso un pago a cambio de no hacer el atestado en contra de su cliente. Me planteó pagarme 20 mil dólares a mí y a cada oficial, y 10 mil a todos los suboficiales que estaban a cargo de la investigación. Lo hizo delante de todo mi personal. Él lo va a negar, pero tengo muchos testigos de ese ofrecimiento. Al hacer ese tipo de propuesta también entendimos que su cliente pretendía ocultar un hecho irregular.

¿Y qué pasó con los libros de los ingresos y egresos de insumos químicos?
Tengo conocimiento, por versión propia del fiscal Castillo, que él recibió los libros y luego los entregó pero antes de ello se tomó fotos con el señor Orlando Sánchez Paredes, en las que le entrega los libros. Según el fiscal, él ha tomado fotografías a los libros, hoja por hoja, pero eso no tiene ningún efecto legal. Ya no se tiene la prueba del delito.

¿Después del atestado incriminatorio qué se ha avanzado en la investigación?
Nada. Desde julio del año pasado hasta la fecha, el fiscal Castillo ha emitido resoluciones para que me saquen del equipo especial que el general Miguel Hidalgo (jefe de la Dirandro) ha formado para investigar este caso específico. El fiscal ha emitido resoluciones en las que rechaza la formación del equipo especial al mando de mi persona.

¿Y qué ha pasado?
Esto ha sido rechazado por el ministro del Interior y por el comando de la policía. El Ministerio Público no puede inmiscuirse en el nombramiento del personal policial.

¿Entonces no hay avances en esta investigación?
Nosotros, por nuestra cuenta, estamos recopilando información e iniciando otras investigaciones, pero sin la participación del fiscal de Cajamarca, sino con otros fiscales antidrogas. Lo más grave es que la investigación contra Comarsa que se inició en Cajamarca y en Trujillo podría ser archivada. Pues desde julio, cuando se elaboró el atestado, hasta hoy han pasado seis meses y no se ha hecho casi nada. Los Sánchez Paredes podrían pedir al fiscal Castillo que archive su caso y todo se acabaría. Ese es el peligro.

El jueves pasado la revista "Caretas" publicó que un abogado de los Sánchez Paredes, llamado Jaime Siguas Zamora, le ofreció un soborno de 100 mil dólares para que no siguiera investigando a sus clientes. ¿Cómo ocurrió el hecho?
Sí. Jaime Siguas vino hasta aquí, donde usted está sentado, y me propuso ese soborno, además de un automóvil. Antes me había llamado por teléfono y entonces yo le comuniqué a mi comando. Inmediatamente se armó una operación y se logró grabar la conversación. No le puedo dar mayores detalles porque todo esto está siendo investigado en los más altos niveles de mi institución. Él ha negado todo, pero la verdad se sabrá dentro de poco.

Hubo una reunión para hablar sobre el caso de los Sánchez Paredes en la que participaron la fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, el alto comando de la Policía Nacional y también usted. ¿Es cierto que la doctora Bolívar trató de indisponerlo?
No le puedo dar detalles de esa reunión que, en efecto, ocurrió. Sí puedo decirle que Bolívar defendió el actuar de la fiscal María del Rosario Milián Soler. De hecho que ella tenía que defender a su personal. Pero a mí me dejó un mal sabor. Se supone que todas las autoridades debemos estar unidas en la lucha contra la lacra del narcotráfico.

¿Le contó que la fiscal llegó acompañada por Amanda Sánchez Paredes?
Sí. Le conté todo lo que le he contado a usted.

El comandante PNP Wenceslao Eduardo Núñez Toledo tiene a su cargo una de las más importantes pesquisas que actualmente realiza la policía antidrogas. Investiga un presunto desvío de 200 toneladas de insumos químicos que se utilizan para elaborar clorhidrato de cocaína, en el que está comprometida la empresa Comarsa, de propiedad de los hermanos Sánchez Paredes. Este clan familiar trujillano --como se sabe-- es dueño de una inmensa e incalculable fortuna, pero arrastra detrás de sí un oscuro pasado vinculado al tráfico de drogas internacional. Los dos hermanos mayores de ese grupo, Perciles y Simón, fueron considerados capos del narcotráfico en los 70 y 80 y terminaron asesinados a balazos: el primero en Trujillo y el segundo en México. Los otros cuatro hermanos que actualmente dirigen los negocios familiares (Segundo Manuel, Santos Orlando, Fortunato Wilmer y Amanda Francisca Sánchez Paredes) también tienen antecedentes por tráfico de drogas. Desde julio del año pasado, cuando elaboró un atestado incriminatorio en contra de Orlando y Amanda Sánchez Paredes, la vida se le complicó al comandante Wenceslao Núñez. En esta entrevista autorizada por su comando, la primera que el policía concede sobre este caso, Núñez cuenta que en dos oportunidades personas que dijeron representar a los Sánchez Paredes quisieron sobornarlo para detener sus investigaciones, tal como lo destapó la revista "Caretas" en su última edición. Núñez revela que también ha sido amenazado de muerte, denunciado penalmente por un supuesto abuso de autoridad, así como acosado, insultado y vejado por una fiscal que pretendía arrancarle un documento clave que incriminaba al grupo familiar con el narcotráfico. Por eso decidió romper su silencio para contar los atropellos y las cosas irregulares que están ocurriendo en torno a esta investigación que, desde julio hasta la fecha, prácticamente se encuentra paralizada y corre el riesgo de quedar archivada.