Tras participar en la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el contralor Genaro Matute se disponía a abandonar el Palacio Legislativo cuando personal de protocolo lo alcanzó para decirle que el parlamentario Javier Velásquez Quesquén (Apra) lo esperaba en su despacho.
Fue así que Matute sostuvo una reunión de casi una hora con el presidente de la Comisión de Constitución. En ella, le expuso las observaciones que la contraloría ha hecho a un dictamen aprobado la semana pasada por ese grupo de trabajo.
Se trata de la propuesta para que los altos funcionarios del Estado rindan cuentas de al menos el 90% de sus gastos operativos.
De manera verbal, Matute le expuso los tres aspectos por los cuales la institución que encabeza hace tales observaciones.
En primer lugar, el dictamen aprobado solo se refiere a altos funcionarios mencionados en la Ley 28212 (todos de rango constitucional), cuando lo que se debe hacer es regular los gastos operativos de todos los funcionarios.
En segundo lugar, esta propuesta no toma en cuenta que en el caso de vocales y fiscales supremos los gastos operativos son parte de su remuneración.
"Nos preocupa mucho (el dictamen) porque quienes pueden ser afectados directamente son el personal del Poder Judicial y del Ministerio Público", declaró al respecto Matute antes de reunirse con Velásquez.
En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, por lo cual no podría aprobar un aumento en las remuneraciones de estos funcionarios para compensar los gastos operativos.
A pesar de estas observaciones, Velásquez Quesquén descartó que este tema vuelva a verse en el grupo de trabajo que preside. "Llevaremos estos apuntes hechos por la contraloría al seno de la Comisión Permanente y allí los debatiremos", declaró el parlamentario lambayecano, quien aseguró que hay un interés real del titular del Congreso, Luis Gonzales Posada, por aprobar esta norma.
PARA RECORDAR
A Dictamen de Constitución solo alcanza a altos funcionarios de rango constitucional y no a todos los de la administración pública.
B Los gastos operativos de los vocales y fiscales supremos son parte de su remuneración.
C El Congreso no puede aprobar un incremento de las remuneraciones básicas de estos magistrados.