Necesaria reacción gubernamental frente a Puno

La situación política y social en la región Puno ha llegado a un preocupante grado de radicalismo violento que amerita una reacción firme del Gobierno para enfrentarla con un plan de desarrollo integral y democrático.

Según un informe especial de nuestro Diario, publicado el domingo último , el discurso étnico radical está ganando cada vez más terreno y adeptos en dicha región, bajo la influencia de peligrosos liderazgos marxistas y de movimientos autárquicos de reivindicación de la nación aimara.

Precisamente el cambio de gobierno en Bolivia ha servido para incrementar la influencia de grupos radicales altiplánicos, también aimaras, a lo que habría que sumar la indeseable injerencia política del gobierno de Hugo Chávez, con las casas de ALBA como caballos de Troya. Y por si esto fuera poco, existen tras bambalinas grupos de narcotraficantes y contrabandistas que alimentan este río revuelto de confrontación y rechazo al orden, que es lo que más conviene a sus protervos fines delictivos.

No es momento de parches o discursos improvisados, sino de convocar a todos los sectores involucrados para elaborar un plan de desarrollo integral. Y si el objetivo principal es afirmar la presencia del Estado en la región Puno, no puede soslayarse la urgencia de canalizar proyectos de crecimiento económico a mediano plazo, así como de promover la participación política y democrática.

La solución no se reduce a una zona franca ni a exoneraciones de impuestos, que no han funcionado en otras áreas, ni a ampliar la Carretera Transoceánica. De lo que trata es de construir más colegios, comisarías, postas médicas y escuelas y de trabajar coordinadamente con las autoridades regionales y locales para involucrarlas en los objetivos nacionales y puedan contribuir y participar de los beneficios del desarrollo en democracia y bajo el imperio de la ley.

Al respecto, existe un plan presentado en mayo del 2006 por el entonces viceministro de Economía, Javier Abugattás, que pone énfasis también en el desarrollo de las fronteras y en la reducción del déficit en infraestructura, a lo que debe agregarse estudios de competitividad y de potencial turístico y agroindustrial para promover el empleo productivo.

No podemos quedarnos cruzados de brazos, cuando una parte del Perú se polariza de tal manera y cuando algunos oportunistas pretenden aplicar su propia ley --como ya pasó cruentamente en Ilave-- e incluso proponen la desmembración del territorio.

El mandato de la peruanidad es a la unión y la inclusión, bajo los principios de orden y libertad del Estado democrático. Del otro lado están las tendencias a la subversión, el caos y la dispersión violentista, que tienen que ser contenidas, denunciadas y sancionadas severamente con las armas de la democracia y la ley.