Advierten que el Estado tendría que reparar a los terroristas

Por Ítalo Sifuentes Alemán

Posiciones contradictorias se registran en el Poder Ejecutivo para la resolución de un espinoso caso en el que está en juego la reconciliación nacional. Son dos las instituciones que se cuestionan si los subversivos también deben ser considerados víctimas de la violencia.

Por un lado, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Alberto Salgado, como parte del Ministerio de Justicia, está en contra de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligue al Perú a reparar económica y moralmente a los terroristas involucrados en el caso del penal Castro Castro.

Por otro, Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que el Estado debe cumplir la sentencia de la CIDH, por lo que finalmente se tendría que indemnizar a terroristas como Osmán Morote, quien para dicho ente supranacional fue una víctima al haber sido herido durante el debelamiento del motín en el mencionado centro penitenciario.

Esta contradicción se da en momentos en que el Perú espera de la CIDH una respuesta de interpretación de la referida sentencia interpuesta por Salgado, no para evadir la responsabilidad del Estado en los excesos que cometieron, según la Comisión de la Verdad, los generales (r) de la PNP Miguel Barriga Gallardo, Abraham Malpartida Salazar y Federico Hurtado Ezquerre, sino para que ese tribunal comprenda que reparar a terroristas será tomado como una afrenta por los familiares de las víctimas del senderismo.

CONTRARIA A LA LEY
No solo eso. Macher considera que una vez que la CIDH se ratifique en su sentencia, esta tendrá efecto sobre la normatividad peruana por tratarse de la resolución de un tribunal de alcance supranacional, lo cual haría que la Ley 28592 que dio vida a la CR quede de lado y ya no se tenga que excluir del Registro Único de Víctimas (RUV) a los terroristas.

"Las personas que estamos ad honórem haciendo el RUV hemos aceptado las reglas de juego y en ese sentido estamos actuando, pero debo señalar que esta exclusión fue una decisión política del anterior Congreso, en el que los diferentes partidos ahí representados no estaban dispuestos a dar una ley que incluyera a todos los que han sufrido una violación a sus derechos humanos. Ese acuerdo político plasmado en la Ley 28592 no está respetando la Constitución ni las normas internacionales de derechos humanos. Una persona que sufre una violación de sus derechos no tiene que ver con su ideología ni su condición previa antes de haber sufrido esa violación", manifestó Macher.

La titular del CR consideró que no puede ser un argumento para el CNDH que la Ley 28592 excluya a los subversivos del derecho a recibir una reparación. "No lo puede hacer. El único argumento que puede esgrimir ante la CIDH es que dicha ley establece un procedimiento ad hoc, pero que no es un proceso judicial, es decir, que todas las personas que sientan que sus derechos humanos han sido violados y que no han sido reconocidas por el CR y que, por tanto, no han sido registradas como víctimas tienen la vía judicial para reclamar ser incluidas".

"El Estado no puede evadir sus tratados internacionales. Va a tener que reparar a los terroristas. Además, tenemos la experiencia del gobierno de Fujimori, que quiso retirarse de la competencia contenciosa de la CIDH, es decir, no estar obligado a cumplir las sentencias de la corte, lo cual fue interpretado como imposible por el sistema interamericano de derechos humanos. Retirarse ahora sería inviable", añadió Macher.

POSICIÓN DE JUEZ
Consultado al respecto, el juez de la CIDH y ex ministro de Justicia Diego García Sayán señaló que es importante entender que cualquiera que sea el estado jurídico de una persona sus derechos tienen que ser respetados y que así lo hizo saber dicho tribunal a través de su sentencia.

"Como juez de la CIDH no puedo expresar opinión de interpretación de sentencias, pero puedo decir que no creo que exista el propósito de darle beneficio pecuniario a terrorista alguno sino que es una referencia a reparaciones de los derechos afectados de las personas. Nadie ha resuelto indemnizar a un delincuente", apuntó.

Serán 80.000 los registrados
Según la presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), Sofía Macher, este año dicho grupo de trabajo certificará como víctimas a unas 80.000 personas, de las cuales unas 20 mil podrían recibir reparaciones económicas del Estado, las que, de acuerdo con los niveles de indemnización que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ascenderían a entre 120.000 y 250.000 dólares por víctima. "Esto es completamente inviable", anotó.

SEPA MÁS
El CNDH alerta que los montos que recibirían algunos terroristas podrían ser usados para rearmarse. Sofía Macher manifestó que "esos son asuntos de seguridad policial y de inteligencia, que tienen que prevenir los rebrotes subversivos".