Ante el extraño comportamiento de la fiscal de la Nación, doctora Adelaida Bolívar, quien ha excusado las graves irregularidades cometidas por dos fiscales provinciales que investigan al clan Sánchez Paredes, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tendría el deber de abrir una investigación que permita esclarecer hasta qué punto la principal autoridad del Ministerio Público está comprometiendo sus deberes funcionales.
La Constitución, en su artículo 154, señala como atribuciones del CNM aplicar la sanción de destitución contra los magistrados supremos por una probada inconducta funcional. En el caso de Bolívar existe una sucesión de hechos que bien merecen una prolija intervención de oficio de este organismo, en resguardo de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
Con la última conferencia de prensa en la que la fiscal de la Nación ofreció hace dos días y que supuestamente debía aclarar algunos cuestionamientos, más bien quedaron ratificadas las dudas sobre algunas de sus decisiones, especialmente por la abierta e indebida protección que brinda a fiscales severamente cuestionados.
Fue desconcertante en la conferencia de prensa que le pareciera natural que uno de sus fiscales, en Trujillo, María Milian Solar, se haya trasladado a una de sus diligencias en la camioneta de Amanda Sánchez Paredes, involucrada en la investigación por tráfico de drogas. Tampoco objetó, sino que respaldó, el hostigamiento ejercido por el fiscal de Cajamarca, José Luis Castillo, contra periodistas y oficiales de la Dirandro para que revelen cómo consiguieron la 'lista blanca', en la que precisamente la familia trujillana aparece entre los diez más importantes grupos de narcotráfico del país, según informes de organismos nacionales e internacionales.
Pero si la doctora Bolívar es motivo de objeciones por el Caso Sánchez Paredes, también genera interrogantes algunas de sus decisiones en un tema relativo al narcotraficante Fernando Zevallos. Por ejemplo, se ha opuesto tercamente al traslado a Lima de la fiscal de Maynas, Luz Loayza, una valiente magistrada que solicitó la detención contra 'Lunarejo' y quien ha recibido amenazas de muerte. El Ministerio del Interior ha corroborado el peligro para la vida de Loayza.
Hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura descartó abrir proceso contra la fiscal de la Nación al no encontrar indicios que sustentaran supuestos vínculos con Zevallos. Sin embargo, un nuevo elemento se suma a esta cadena de extrañas actitudes. El punto es que el pasado 26 de setiembre Zevallos le habría remitido una carta desde el penal en la que se quejaba precisamente de Loayza y le pedía que no fuera trasladada a Lima. Dos días después, y una vez recibida la misiva, el pedido surtió efecto. Desde esa fecha, la fiscal de la Nación ha negado el cambio de Loayza.
En consecuencia, hay indicios más que suficientes para que la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM se interese por una investigación seria, prolija y responsable.