Por: Juan Paredes Castro |
Si encima de la condición de rehén una persona o un grupo de personas sufre una mayor tortura física y psicológica de la que ya es víctima, como ocurre en los campos de concentración de las FARC en Colombia, ¿cómo tendríamos que llamar al hecho?
¿Horror de horrores? ¿Atrocidad de atrocidades?
O sencillamente un acto sin nombre, al que la civilización no ha podido encontrar, por su grado de crueldad, una catalogación a la medida, como no lo ha encontrado en todas las secuencias en las que la historia y la barbarie se repiten.
Y como si esto fuera poco, hay otro elemento abominable que se añade a la conducta de las FARC: su esfuerzo estratégico por buscar aliados ad hoc como el presidente venezolano, Hugo Chávez, para blanquear su criminalidad. Últimamente, la liberación de secuestrados tuvo que venir con un maldito pan bajo el brazo: el que Chávez les asegurara a las FARC sus buenos oficios para no ser llamadas terroristas.
No es la primera vez que la sangre derramada de inocentes y adversarios a manos de fuerzas armadas supuestamente populares sirve a la pretensión de estas de aparecer, con pieles de cordero, como defensoras de causas sociales y humanitarias.
Tampoco es la primera vez que un gobierno cada vez más dictatorial como el de Chávez intenta, como ya lo hizo el de Cuba hace algún tiempo, dar cobijo y protección a quienes, pasando por buenos salvajes, no conocen otra actividad, en su supuesta lucha contra el poder, que el terrorismo, el narcotráfico y el secuestro.
No contento con haber secuestrado el voto ciudadano democrático para desviar sus fines hacia la dictadura, Chávez acomete de pronto lo que hasta ahora no estaba en la cartilla de sus peores errores: el de convertirse en aliado incondicional de las FARC. Claro que estas se diferencian de cualquier otra organización terrorista por el hecho de constituir el mayor contrapeso político ilegal y armado de un gobierno elegido democráticamente: el colombiano.
Las democracias enfrentan la amenaza de la criminalidad, que se vale de los propios mecanismos institucionales para huir del brazo de la justicia y conquistar ventajosas condiciones de impunidad. Si las FARC pueden gozar del reconocimiento de Chávez por sus "gestos humanitarios", también los terroristas peruanos aspiran ante la Corte Interamericana de DD.HH. no solo a ser reconocidos como víctimas de la violencia sino además a ser reparados económicamente por el Estado.
Hay, pues, una órbita tenebrosa institucional en la que lamentablemente todavía giran los derechos humanos.