El gobierno castiga al Poder Judicial

Por Juan Zegarra Salas

¿Cuánto se hizo el año pasado en materia de reforma constitucional?
Nada.

¿Qué detiene las reformas?
Hay temor de que si se levanta mucho la reforma constitucional esto genera un clima de inestabilidad. Pero pensar así es un error. Más bien la reforma parcial de la Constitución permite una modificación progresiva y sin grandes traumas. Tenemos 186 años de vida republicana y 12 o 13 constituciones (según cómo se considere el Pacto de Tacna), por lo cual deducimos que cada 15 años contamos con una nueva Constitución. Esto daña al sistema.

¿Se embalsan las reformas por el temor que sienten los poderes políticos de realizarlas?
En general hay temor de defender las propuestas en las que se cree cuando estas no cuentan con aparente popularidad. Y así no se educa ni se gobierna.

¿En qué ha fallado la cámara única como para que se proponga el bicameralismo?
Al comienzo, por lo menos, hubo muchas leyes de sorpresa y con muy poca preparación, que no fueron sometidas al escrutinio popular. La ventaja del sistema bicameral es que la ley aprobada en una cámara de diputados, no solo es revisada por otra cámara integrada por gente diferente y cerebros distintos, sino que, además, en ese intermedio interviene la opinión pública, lo cual es fundamental porque aporta buenas luces.

¿Ese escrutinio público es posible ahora con la doble votación en el Congreso?
Una natural tendencia humana es hacer persistir las ideas y por eso resulta difícil que una misma cámara tenga predisposición para corregirse. Por eso en el tema judicial existe la garantía de la doble instancia.

¿Puede estar ocurriendo que al no haber una segunda cámara, el Tribunal Constitucional cubre ese vacío e incluso legisla positivamente?
Sin ser una segunda cámara, el Tribunal Constitucional es el único órgano del Estado que le puede decir al Congreso cuando una ley es inconstitucional. En cierta forma está corrigiendo, sea para bien o con buena intención, las leyes que el Parlamento aprobó con infracción a la Constitución.

¿Junto con el bicameralismo se debe aprobar la renovación por mitades?
El problema es que en el Perú hay una tendencia a pensar que todo lo que sea llamar a elecciones genera inestabilidad o desorden. Sin embargo, la idea de renovación por mitades es buena. Algunos dicen que las revocatorias de alcaldes y presidentes regionales son peligrosas para el Gobierno porque crearán inestabilidad en este 2008, año de las cumbres mundiales, pero eso es un error. Las revocatorias son un buen sistema para demostrar los descontentos. Lo que sí hay que hacer es exigir un porcentaje determinado de respaldo para ser elegido alcalde o presidente regional. Hay presidentes regionales que ganan con 17% o 20%, y entonces los perdedores se juntan y piden la revocatoria. Sería preferible elegir a autoridades con porcentajes más altos o en segunda vuelta.

¿Ya deberíamos, porque nos acercamos al 2010 y 2011?
En un país que requiere de tantos cambios, hay una especie de parsimonia inexplicable. Nos estamos engañando, como si no mirar hacia un lado supone que no existe. Creo que se piensa mucho en el presente y poco en el futuro.

Mientras, los promotores de asambleas se frotan las manos.
Están felices porque lo único que estamos haciendo es justificar el pedido de quienes quieren una asamblea constituyente para cambiar toda la Constitución. Esa bandera va a ir ganando terreno conforme el Parlamento no sea capaz de modificar algunas instituciones fundamentales dentro de la Constitución.

¿Las reformas no avanzan por la fragmentación parlamentaria o por falta de voluntad del gobierno?
Es el conjunto de todo eso. Pero también es cierto que no parece haber voluntad de reforma en los grupos políticos en general. Por ejemplo, la ley de la carrera judicial, pese a tener en apariencia los votos, no fue aprobada. En materia de reforma constitucional, la Corte Suprema debe ser un tribunal de casación que pueda ver los casos más importantes y que con eso genere precedentes. Tendríamos una justicia más predecible. Además se requiere un mayor presupuesto para el Poder Judicial pero inexplicablemente lo tienen postergado.

¿De qué serviría aumentar salarios cuando la calidad judicial no es buena? Algo similar ocurrió con los profesores que recibieron aumentos, pero eso no mejoró la educación.
Si creemos que nuestros magistrados van a mejorar solo porque mejoramos sus haberes, estamos profundamente equivocados. El aumento hay que complementarlo con la capacitación y la formación profesional. Con la proliferación de facultades de derecho egresan abogados y futuros magistrados que no están realmente capacitados. La mejora presupuestal de la administración de justicia no implica mejores remuneraciones. Se trata de más inversión en áreas necesarias. Se sabe que el Código Procesal Penal es el motor para la reforma judicial y sin embargo el gobierno castiga al Poder Judicial con menos presupuesto. Hay un maltrato y desdén porque los poderes políticos, Ejecutivo y Legislativo, tienden a concentrar todo el poder y les molesta que el Poder Judicial pueda restringirlo. Noto el esfuerzo que hace el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, pero hasta el momento no le dan bola y le hacen la imagen de díscolo. Y no es el caso porque está pidiendo lo justo y lo indispensable.