Jorge Valencia, adjunto para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, informó que convocará a la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin), al Colegio de Notarios y al Poder Judicial para analizar mecanismos que permitan subsanar las deficiencias del sistema de control migratorio internacional y nacional de niños.
En dos informes anteriores, El Comercio denunció que la Digemin no contaba con filtros tecnológicos para detectar las partidas de nacimiento y los permisos judiciales o notariales falsos que se presentan para sacar a un menor del país.
Además, en el tránsito interno de niños, ningún terminal de transporte terrestre revisa la documentación de los padres y el menor para verificar su filiación aun cuando el Código del Niño y Adolescente establece esa obligación. Es posible que la ausencia de especificaciones para el control impida esta labor.
Para la Defensoría del Pueblo, una de las estrategias para combatir el tráfico de niños es la exigencia del DNI de menores como parte del trámite de expedición del pasaporte y el tránsito en las fronteras terrestres. "Se lograría una mejor identificación del niño", afirmó Jorge Valencia, quien considera que podría plantearse el establecimiento de obligatoriedad del DNI de menores para algunos trámites.
Una segunda estrategia estaría vinculada con la implementación de un registro de verificación de los permisos de salida del país de menores otorgados por notarios o jueces de familia.