General Pedro Richter mantuvo contacto con ex dictador Galtieri

Por Ítalo Sifuentes Alemán

"Después del 28 de julio el general Pedro Richter Prada tendrá un tiempo difícil", vaticinó en 1980 el entonces embajador de Estados Unidos en el Perú, Harry Shlaudeman, sin saber que casi 28 años después el ex ministro de Guerra y ex primer ministro del régimen del general (r) Francisco Morales Bermúdez sería investigado y tal vez procesado por la justicia italiana por las vinculaciones que a través del plan Cóndor habría tenido con los militares que gobernaban Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Shlaudeman puso por escrito tal augurio en un cable que, junto con otros documentos con distinta y reveladora información, remitiera entre junio y agosto de 1980 a su gobierno con copia a la Embajada de Argentina, país con cuyos mandos militares el gobierno de Morales Bermúdez coordinó el 17 de junio de ese año la expulsión a Bolivia de los montoneros María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianotti de Molfino, quien el 21 de julio apareció muerta en España.

Esta expulsión fue confirmada por Richter Prada a través de una entrevista publicada ayer por este Diario, en la que también se informó que la jueza italiana Luisianna Figliolia, a pedido del fiscal Giancarlo Capaldo, no solo investiga y busca procesar a Richter Prada sino también a Morales Bermúdez para conocer su participación en dicho acto.

El abogado de Morales Bermúdez, el ex procurador Luis Vargas Valdivia, indicó que su defendido "señala que se enteró del caso cuando le informaron que los argentinos habían sido deportados a Bolivia, país en el que no había un gobierno militar sino civil de centroizquierda. Conforme nos ha señalado, él es inocente de todos los cargos, pero está dispuesto a enfrentarlos para dejar limpio su nombre", refirió.

Consultado sobre si también defendía a Richter Prada, dado que ambos ex generales enfrentan la misma investigación de la justicia italiana, Vargas Valdivia respondió: "En un proceso la situación nunca es la misma, depende de los niveles de participación. En declaraciones anteriores Richter y Morales Bermúdez dejaron claro que su actuación ha sido diferente, aunque ambos coinciden en que no se produjo ningún hecho de violación de derechos humanos".

Agregó que Morales Bermúdez se había puesto a derecho y que, como su abogado, está esperando la documentación de la justicia italiana. "Queremos saber si está en una investigación preliminar o en un proceso penal, cuáles son los hechos materia de la acusación. El Perú no fue parte del plan Cóndor; eso está claro", refirió a este Diario.

RELACIONES CASTRENSES
Las autoridades italianas cuentan con copias de los informes que Shlaudeman y agentes de inteligencia enviaron a su país entre 1977 y 1980, los cuales fueron desclasificados en el 2002 por el Departamento de Estado y que se encuentran bajo la custodia del Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington.

El Comercio obtuvo copias de un nuevo grupo de estos documentos, en los que se evidencian las comunicaciones que sostuvieron Richter y el general argentino Leopoldo Galtieri a través de los respectivos agregados militares en Lima y Buenos Aires.

En una de esas comunicaciones se informa de los serios problemas que el caso de los montoneros expulsados ha acarreado a Richter y al ejército peruano.

Según el cable remitido por Schlaudeman, "Richter me ha leído dos mensajes de Galtieri expresando su solidaridad y afirmando que el ejército argentino está estudiando el asunto (de los montoneros)".

Richter también dijo que le había expresado al agregado argentino que "no sería conveniente para Jorge Videla asistir a la toma de mando de Belaunde". Sucede que en los días en los que se expulsó a los montoneros argentinos, que también tenían la nacionalidad italiana y por lo cual se da ahora la intervención de los magistrados Capaldo y Figliolia, se anunciaba que Videla iba a venir a Lima para participar en la toma de mando de Fernando Belaunde, lo cual rechazaban los partidos de izquierda y el Apra porque Videla, junto con Galtieri, estaba acusado de violación de derechos humanos como miembro de la junta militar que en esos años gobernó Argentina.

En uno de los cables desclasificados se lee que no había información de cómo y cuándo habían llegado los montoneros de Bolivia a Argentina, pero que era "útil recordar la íntima relación entre los servicios de inteligencia argentinos y bolivianos". Además, Richter le comentó a Shlaudeman en julio que los argentinos habían sido expulsados a Bolivia, y que él creía que las autoridades bolivianas probablemente los habían entregado a sus pares de Argentina.

Como se dijo líneas arriba, Richter reveló también haber estado en contacto personal con Galtieri por este asunto. Según el documento, "Galtieri ha informado a Richter que podría haber un interesante desarrollo" en el caso a comienzos de la semana del 14 de junio de 1980. Richter sugirió a Shlaudeman que este comentario de Galtieri "podía presagiar una aparición en vivo de los tres montoneros, a quienes los peruanos afirman que entregaron a los bolivianos".

En otro desclasificado se informa que ante las denuncias del caso, "Richter negó la posibilidad de adelantar su retiro porque consideraba que solo él podía defender a su institución frente a este caso, y porque además consideraba que no había un reemplazo, ya que (el general) Hoyos Rubio --como jefe del Estado Mayor-- no gozaba de la confianza de Acción Popular y porque el 'Gaucho' Cisneros, comandante de la primera región militar, había sido el objetivo favorito de la izquierda por años, en parte por sus fuertes lazos con la milicia argentina".

En un documento desclasificado adicional se indica que Richter también le dijo al embajador boliviano que estaba tratando de hacer que las autoridades de seguridad argentinas mostraran en Buenos Aires a los montoneros que les entregó a ese régimen.

"En caso de que los tres montoneros sean presentados en Buenos Aires, la sospecha de que Frías Alberca (un cuarto montonero argentino) fue asesinado en el Perú persistiría", se advierte finalmente en otro de los cables enviados por la embajada norteamericana.

Distinto proceder de las fiscalías en el Perú e Italia
El fiscal Víctor Cubas informó que no se descarta abrir investigación contra los ex generales Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada por la presunta violación de los derechos humanos de montoneros argentino-italianos a fines de la década de 1970, pero que hasta ayer ninguna fiscalía lo había hecho.

Por su parte, el fiscal Giancarlo Capaldo aseguró a la agencia Efe que este año se celebrará en Italia el juicio contra los 140 acusados de la desaparición de 25 personas en el llamado plan Cóndor, el cual fue concertado por varios países sudamericanos en las décadas de 1970 y 1980 para reprimir a la oposición izquierdista.

A través de Efe, Capaldo considera "muy difícil" que los jueces italianos concedan la extradición de uno de los acusados, el ex militar uruguayo Jorge Tróccoli, pedida por la justicia uruguaya.

El pasado 17 de enero un tribunal de Roma anuló la orden de prisión preventiva contra Tróccoli, aunque por el momento deberá continuar en prisión en virtud de la extradición solicitada.

Capaldo señala que tras conocer los fundamentos de derecho de la decisión que tomó el tribunal de Roma, que se depositarán en los próximos días, impugnará esta sentencia al Tribunal Supremo.

Tróccoli es, por ahora, el único detenido de las 140 personas (entre ellas Morales Bermúdez y Richter Prada y ex dictadores, ex ministros y ex jefes de los servicios secretos y policiales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay) sobre quienes la jueza italiana Luisianna Figliolia ha emitido orden de detención.

PARA RECORDAR
Manifestó que actuó de manera soberana
- En entrevista publicada ayer por este Diario, el ex general Pedro Richter Prada reconoció que había ordenado la detención y expulsión de los montoneros argentinos.
- Dijo que como jefe del ejército estaba obligado a tomar tal medida, más aun si los montoneros buscaban formar una base de operaciones en Lima para promover un Estado revolucionario en Sudamérica.
- Indicó que tomó esa decisión sin ponerse previamente de acuerdo con militares de Sudamérica. "Fue una actitud soberana del país", manifestó.
- Negó vinculación con el plan Cóndor y que no supo del desaparecido montonero Federico Frías Alberca.