Denunciado Humala dice que Gobierno lo persigue

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El pedido de la fiscalía de 15 años de prisión y expatriación para Ollanta Humala originó que el líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP) se declarara ayer perseguido político y que acusara al gobierno del presidente Alan García de influir en el Poder Judicial en su contra.

Ollanta Humala, quien se dice inocente, es acusado de rebelión debido a que su hermano Antauro y 161 jóvenes pertenecientes al denominado movimiento etnocacerista tomaron la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005, asesinaron a 4 policías y dejaron 23 heridos entre miembros de las fuerzas del orden y violentistas. Según el ex candidato presidencial, el Gobierno está detrás de la acusación fiscal.

El PNP, en un comunicado de su comité ejecutivo nacional, también consideró que el Gobierno influyó en el pedido de la fiscalía y que la intención era alejar a su líder de la política nacional y de su potencial candidatura a la presidencia.

Sus palabras fueron rechazada por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, quien indicó que se trataba de un tema jurisdiccional, pues en el Estado hay separación de poderes. "El Ministerio Público y luego el Poder Judicial son autónomos, y con ellos no tiene nada que ver el Ejecutivo", expresó a su salida del Consejo de Ministros.

Igualmente, el congresista oficialista Javier Velásquez Quesquén descartó tal injerencia. "El presidente ni nosotros en el Gobierno tenemos tiempo para estar en este tipo de actitudes innecesarias () Nosotros no tenemos la culpa de que el señor Humala haya llamado de París e incitado a la gente para que mate a cuatro policías", manifestó.

Parlamentarios humalistas, como Cayo Galindo e Isaac Mekler, rechazaron la acusación fiscal, la calificaron de inconstitucional y denunciaron que no se había seguido el debido proceso, pues Ollanta no había sido notificado.

EN MANOS DEL PODER JUDICIAL
La denuncia la realizó la titular de la Séptima Fiscalía Superior Penal, Gladys Fernández, ante la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de acuerdo con lo estipulado por el artículo 346 del Código Penal.

En el caso de Ollanta Humala ha solicitado una reparación civil de 50 mil soles y una pena privativa de la libertad de 15 años, a la cual seguiría --según establece dicho artículo penal-- la expatriación, es decir, su destierro a un país y tiempo por ahora indeterminados.

Antauro y los 161 reservistas que participaron en la toma de dicha comisaría también serían juzgados por el delito de rebelión, y para el cumplimiento de sus condenas serían expatriados si así lo decidiera la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel. Esta sala tiene la denuncia fiscal desde hace tres meses y aún no ha definido el colegiado de magistrados que resolverá el caso.

Según informaron en el Poder Judicial, los magistrados que integren dicho colegiado podrían, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, investigar y juzgar a los Humala y etnocaceristas ya no por rebelión sino por los delitos de sedición y motín contra el Estado y el orden constitucional, cuyas penas no pasan de los diez años de cárcel y no contempla la expatriación.

EN PUNTOS
Expatriación sería inconstitucional
4El constitucionalista Raúl Ferrero consideró ayer que en el Perú es inconstitucional expatriar a cualquier persona. Sostuvo que el artículo 137 de la Carta Magna señala que bajo régimen de excepción se establece que "en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie". Para Ferrero, si eso es así en una situación extrema, entonces debe entenderse que tampoco en otros casos se debe admitir el destierro.
4En el capítulo referido a la rebelión, sedición y motín contra los poderes del Estado, el Código Penal establece en el artículo 346 que "el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación".