La informatización del Estado bien entendida contribuye a generar desarrollo. No es solo tener computadoras sino utilizar esa tecnología para evitar trámites innecesarios
Por Beatriz Boza
Yo soy Beatriz Boza Dibós porque el Estado peruano, a través del DNI, me ha reconocido ese nombre. ¿Si es el Estado quien me reconoce y me da mi identidad, por qué cada vez que tengo que hacer un trámite, el guachimán me exige presentar, además del original de mi DNI, una fotocopia del mismo? Es más, bastaría que uno diga quién es, sin necesidad de mostrar un 'papelito', para que las autoridades nos brinden tutela y nos sirvan como se debe. La situación de las organizaciones civiles y de las empresas es muy parecida, pues se constituyen mediante su inscripción en Registros Públicos. Si los registros, por definición, son públicos, ¿por qué se le exige al empresario presentar una copia de su escritura de constitución o de los poderes de su representante inscritos en registros públicos? ¿Acaso el Estado no tiene ya en su poder esa información? ¿No ha invertido el Estado en la tecnología necesaria para poder interconectar las distintas dependencias públicas? ¿Por qué estas no pueden interconectarse para compartir información como lo haría cualquier buen gerente de una empresa privada que busca servir mejor a su clientela?
La informatización del Estado bien entendida contribuye a generar desarrollo. No se trata solo de tener computadoras y sistemas informatizados sino de utilizar esa tecnología para evitar trámites innecesarios y resolverle los problemas a la gente, para servir a la ciudadanía. Ello supone tener presente en todo momento el impacto del Estado sobre nosotros, los ciudadanos, un enfoque que no se agota con la tecnología sino que empieza con ella. No basta, pues, pensar en fierros y software, sino en el cliente y en mejorar el proceso de atención y servicio al público. Así lo han entendido quienes propusieron la norma de las planillas electrónicas que acaba de entrar en vigencia y que dispone, por primera vez, que la información que un empleador ya le entregó al Estado mediante este novedoso sistema no se la puede pedir otra autoridad, ni incluso en medio de un proceso de inspección o fiscalización. Es decir, las empresas que cumplan con presentar la planilla electrónica ya no tendrán que entregarle esa información a ningún inspector, sino que este, como parte de su labor tendrá que pedirle la información directamente al Ministerio de Trabajo. Ese es un avance notable y marca la pauta de cómo encarar una reforma del Estado orientada al ciudadano porque es de sentido común esperar que "¡si ya te lo di, no me lo pidas de nuevo!".