Una política de concesiones pero con un INC robustecido

El fundamento para el éxito de las concesiones de zonas arqueológicas pasa primero por contar con un Instituto Nacional de Cultura (INC) lo suficientemente robustecido como para ejercer una real misión fiscalizadora y a la vez promotora de la inversión. Por esta razón, la tarea inmediata es transformar este INC que hoy luce débil e inarticulado, en un organismo eficiente, con mayor capacidad técnica y con credibilidad institucional.

Solo de este modo puede allanarse el camino para la aplicación de la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobada el pasado 19 de diciembre. La norma en mención, que ha despertado polémica, ofrece en concesión las zonas aledañas a los monumentos (fuera del área intangible) para la construcción de servicios hoteleros de cuatro estrellas a más y restaurantes con una categoría mínima de cuatro tenedores. Esto servirá para recuperar, conservar y poner en valor el patrimonio existente.

Pero la eventualidad de dar en concesión complejos arqueológicos también exige una mejor capacidad de gestión del INC, con un presupuesto conveniente y personal calificado, para garantizar el buen uso y no el abuso de estos recursos milenarios y centenarios. Un aspecto que alarma es que a la fecha carezcamos de un catastro que identifique qué tenemos, en qué estado de conservación está y qué tipo de inversión conviene. En síntesis, sin esta hoja de ruta resultaría imprudente emprender una política de concesiones a ciegas.