Congreso cita a Adelaida Bolívar para que dé sus explicaciones

Por Renato Cisneros

La fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, tendrá que romper en el Congreso el casi religioso silencio que ha mantenido hasta ahora respecto del caso de la fiscal Luz Loayza Suárez, quien se ha convertido en blanco del narcotráfico desde hace meses.

Como se sabe, Loayza ha pedido no regresar a Iquitos --tal como el Ministerio Público tendría previsto--, debido a las amenazas de muerte recibidas.

Para ofrecer algunas explicaciones sobre tan delicado tema y ver de qué manera se protegerá a Loayza, Bolívar ha sido citada para este jueves por la Comisión de Justicia del Legislativo.

"Hay que proteger su vida porque de ocurrirle algo (a Loayza) se originaría un terremoto judicial en el Perú (...) Estoy seguro de que a través del diálogo se encontrará una solución", dijo ayer, confiado, el titular del Parlamento, Luis Gonzales Posada.

También aclaró que la invitación del Congreso no representa una intromisión en el ámbito de trabajo del Poder Judicial.

"Está claramente establecido que el traslado o remoción de un magistrado, de un fiscal, es responsabilidad de la Junta de Fiscales Supremos", reconoció.

Por su parte, el representante de Unidad Nacional y titular de la Comisión de Justicia, Raúl Castro, comentó que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, acudirá al Palacio Legislativo el próximo martes 5 de febrero.

"Vamos a tomar nota de las respectivas posiciones, porque es obvio que el Congreso no puede intervenir en casos que competen al Ministerio Público, pero aquí hay una solicitud de parte de la fiscal Loayza, y hay que ver si sus pedidos son atendibles", puntualizó Castro.

Según él, el Congreso ha hecho suyo este tema luego de que el propio presidente de la República sugiriera buscar una salida al Caso Loayza.

"En aras de atender una inquietud de la opinión pública y de la ciudadanía, estamos haciendo esta labor de control político para contribuir a la solución del problema", añadió.

A FAVOR Y EN CONTRA
De todas las voces que ayer se pronunciaron, la del congresista Aldo Estrada (Unión por el Perú) fue la más disidente. Para él, al Parlamento no le corresponde intervenir en esta materia jurídica.

"En la Constitución se dice expresamente que ningún poder del Estado podrá interferir en la labor del Poder Judicial cuando un caso está bajo su conocimiento. Además, tenemos que entender que los poderes son independientes, aunque sea entre comillas, y en una democracia hay que respetar este principio", remarcó el primer vicepresidente del Congreso.

También intervino en el debate el propio ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien pidió al Ministerio Público que reflexionara sobre su decisión de enviar a Loayza de regreso a Maynas.

"No damos ninguna directiva, pero sí tenemos la obligación de advertir, y esa no es ninguna intromisión. No pongamos en riesgo su vida, no sigamos persistiendo para que vaya otra vez al peligro. Pero garantías siempre las va a tener, resguardo también", aseguró el ministro.

Se supo que la conversación que este jueves sostendrá la fiscal Bolívar con la Comisión de Justicia en el Congreso tendrá carácter público.

Abogado de Loayza recalca amenazas
Este jueves, cuando Adelaida Bolívar visite el Congreso, la Junta de Fiscales Supremos, que es presidida por Gladys Echaíz y que está formada por los fiscales PJharsaguddaablo Sánchez, José Peláez y Percy Peñaranda, se reunirá en la sede central del Ministerio Público para decidir el futuro de la doctora Luz Loayza.

Ayer, en RPP, el abogado de Loayza, Aníbal Quiroga, dijo confiar en que dicha junta considere la solicitud de su representada para no volver a Maynas.

"El narcotráfico cuando no corrompe, amenaza y mata", sentenció Quiroga.

Para el abogado, el requerimiento de su patrocinada es un llamado de alerta, ante la probabilidad de que se produzca esto último en su caso.

"Hay documentos que evidencian una amenaza inminente. La protección a la vida por 'amenaza' es un derecho constitucional", señaló.

DEL CONSULTOR
Justicia en emergencia*
El caso de la fiscal Luz Loayza, que pidió detener a Fernando Zevallos, es un ejemplo concreto de la falta de adecuación del sistema de administración de justicia para enfrentar el narcotráfico. El argumento de la fiscal de la Nación para retenerla en Maynas, que no es la única fiscal amenazada y que asumir riesgos es parte de su trabajo, formalmente válido, muestra su incomprensión del escenario en que se pelea hoy con el narcotráfico.

Revisar la información periodística y hacer un recuento de los asesinatos recientes llevan a la conclusión de que el crimen organizado ha pasado a una nueva etapa. Hace unos meses el juez Hernán Saturno Vergara, que investigaba al cártel de Tijuana, fue asesinado por sicarios que lograron que el juicio "se quebrara". Durante la gestión del actual ministro del Interior han muerto 11 policías a manos del narcotráfico.

Esta constatación exige un sistema especial que garantice, en el caso de los fiscales, dos condiciones clave: la protección de sus vidas y las facilidades para una investigación estricta, a pesar de los riesgos.

Pero además es preciso un ajuste general de la administración de justicia, establecer un plan unificado de lucha contra el narcotráfico, designar una cabeza política y asignarle un presupuesto más alto. Porque mayor seguridad para los fiscales significa más gasto, en este caso muy justificado.
* Santiago Pedraglio. Politólogo