Por Hildebrando Tapia Samaniego. Congresista
Un Estado moderno debe caracterizarse fundamentalmente por sus resultados y por sus prácticas. Resultados que mejoren la calidad de vida de la población y que sean la consecuencia de prácticas transparentes y legítimas acotadas a principios económicos racionales.
En la actualidad, todo reclamo social respecto de un Estado mejor es incuestionable para cualquier agenda política y para cualquier gestión de gobierno que pretenda superar los tradicionales escollos a la eficiencia de la gerencia pública. La modernización del Estado es ya una iniciativa generalizada en los países más desarrollados y se hace explícita en no pocos países de ingresos medios o emergentes.
En los últimos años hemos sido testigos del surgimiento de la calidad; se trata de una nueva vertiente de exigencias, requisitos, metodologías de trabajo, presentación de productos, procesos, procedimientos, etc., que viene operando como un instrumento de diferenciación de bienes y servicios y, a su vez, complementado con la aplicación de la gestión del conocimiento.
Gestionar la calidad implica realizar todas las tareas inherentes a la consolidación de una organización, en este caso, el Estado, que se prepara para garantizar calidad en sus productos. Esa calidad debe darse en función de un compromiso, de una especificación de producto o servicio, del tiempo de entrega, de un ambiente organizacional predispuesto a la mejora continua, de un conjunto de procedimientos hechos para identificar por dónde las cosas se están haciendo bien en función de un parámetro externo o norma adoptados voluntariamente. De ello se deriva que la calidad no es el resultado de la casualidad sino de una programación y voluntad de mejora puesta adecuadamente en marcha.
Dentro este contexto, el concepto de rentabilidad social equivale a "la evaluación cuantitativa de los resultados sociales, cualitativos, de una inversión publica, privada o mixta en un proyecto definido y en un grupo objetivo especifico".
Es una evaluación cuantitativa porque debe permitir generar comparaciones que generan a su vez indicadores 'fiscales'; de resultados sociales, por cuanto lo que importa es el desarrollo social; y cualitativos, porque a la sociedad y sus necesidades se les debe considerar como "cualidades" y no como "cantidades"; la calidad del sector público solo podrá apreciarse en función al papel desempeñado por el Estado; es decir, si el sector público cumple con sus metas de manera eficiente y bien lograda, puede afirmarse entonces que se trata de un sector público de alta calidad.