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Rincón del autor

¿Quién nos protege?

La seguridad y la justicia no constituyen una realidad para los peruanos, especialmente para los más pobres y vulnerables

Por Beatriz Boza

Si bien las estadísticas oficiales indican que del año pasado a esta parte se ha reducido el número de delitos, la percepción de inseguridad ciudadana es significativa. Ello se debe, como bien lo ha expresado la Defensora del Pueblo con ocasión de la presentación de su informe sobre seguridad ciudadana, a que el 64% de las víctimas de delitos en nuestro país no los denuncian. Algo parecido ocurre con la corrupción, dado que el 94% de las personas a quienes solicitan una coima no hace la denuncia por considerar inútil el esfuerzo ("denunciar no sirve para nada"), por evitarse problemas o por no tener cómo probarla, según Pro Ética. Y es que, salvo el caso de la defensoría, la confianza espontánea en las instituciones estatales (PNP, Fiscalía, gobierno, Congreso, jueces) para luchar contra la corrupción es de solo un dígito. Más perniciosa aun es la realidad del acoso sexual y la violación de menores que se mantienen ocultos por el miedo y la vergüenza de tener que denunciar un maltrato de este tipo. Todo ello hace que la seguridad y la justicia no constituyan una realidad para los peruanos, especialmente para los más pobres y vulnerables. La respuesta represiva del Estado no ha tenido resultados, y por eso, más allá de la represión y de la sanción, se requiere, como bien lo indica la Defensoría del Pueblo, participación y vigilancia ciudadana.

Casos exitosos de participación ciudadana para la seguridad hay y deben ser emulados. Así, por ejemplo, ante la ola de delincuencia en los alrededores del colegio, el director de la Institución Educativa Libertador San Martín, conjuntamente con los padres de familia y la PNP, implementó las Brigadas de Autoprotección Escolar, reduciendo considerablemente el índice de violencia y delincuencia juvenil. La Municipalidad de San Miguel, a su vez, mediante su programa Si me Tocas, Yo te Acuso", orientó sus esfuerzos a la prevención, creando una línea telefónica especial e invirtiendo en la educación de los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, para lograr que ellos denuncien. Antes los casos de acoso y violación de menores se mantenían ocultos, pero luego de la implementación de esta buena práctica se recibieron 291 denuncias. En Zapallal, a su vez, la comisaría identificó que el pandillaje que atemorizaba a los pobladores del distrito era fruto de la desocupación juvenil y, en coordinación con las Juntas Vecinales, implementó el proyecto Enséñame tu Trabajo, que consistía en la capacitación de jóvenes por parte de los mismos técnicos y empresarios de la comunidad, disminuyendo la delincuencia en un 20%. Estas tres experiencias, identificadas en el marco del Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales, grafican los beneficios para una autoridad de involucrar la participación ciudadana, y por lo mismo deben ser replicadas en otros sectores para nuestra seguridad.

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