Alguien debe responder por daños ecológicos

No hay acuerdo aún entre los técnicos y científicos respecto de la magnitud de los efectos a largo plazo que pueden acarrear los derrames de petróleo, como el ocurrido hace tres días cerca de una plataforma petrolera en Tumbes.

Lo que sí queda en evidencia es la semiparalización de una zona que vive de la pesca y del turismo, así como las precarias condiciones en que se traslada el crudo y la carencia de procedimientos, equipos y personal para responder a estas emergencias.

¿Qué hacer? Se trate de cargueros privados o de la Marina de Guerra del Perú --como el BAP Supe que explosionó el último miércoles con 1.300 barriles de petróleo a bordo--, es indispensable que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) imponga controles más exhaustivos.

Hay que considerar que las actividades petroleras están creciendo cada vez más y que nuestro país sigue importando volúmenes del crudo que arriban incluso a puertos diferentes al del Callao.

Estas inspecciones tienen que ser permanentes y preventivas y no a posteriori, como ha sucedido en el caso del BAP Supe, en que recién intervendrá el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Después de la tragedia, con las pérdidas producidas en materia de vidas humanas y de la fauna y flora marinas, poco se puede hacer pues el daño ya fue hecho.

Otro tema son las sanciones. ¿Quién asumirá las penalidades económicas por el derrame en Tumbes? ¿La Marina, el Ministerio de Energía y Minas o la empresa BPZ, responsable del lote peruano? ¿Y las multas que se aplicarán a los infractores serán suficientes para compensar el grave daño a las víctimas y al ecosistema?

Luego, ya que el Perú no dispone de fondos de compensación para enfrentar la polución producida por el petróleo, las empresas, el Gobierno y las compañías de seguros tendrían que coordinar con los cuerpos de bomberos para armar urgentemente equipos especiales de acción rápida para mitigar los efectos de estos desastres.