Apenas enterado de la resolución emitida por la Junta de Fiscales Supremos, el abogado de la magistrada Luz Loayza, Aníbal Quiroga, expresó su malestar por la decisión adoptada.
"Me parece una decisión deplorable (...) la junta de fiscales ha tenido una ceguera que no se condice con lo expresado con la opinión pública (...) es totalmente decepcionante todo lo que ha ocurrido", manifestó el letrado. "Esperaba una decisión diferente por la calidad de los fiscales".
Adelantó que el próximo paso será recurrir al Poder Judicial para solicitar garantías en salvaguarda de los derechos que están en discusión. "Como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, todo lo que hay debajo del Estado está sujeto a control constitucional, por lo tanto habrá que evaluar el pedido de las garantías para salvaguardar su vida y su integridad física". Reiteró que ya se agotaron todos los recursos en el Ministerio Público, por lo que ahora había que "abrir las puertas del Poder Judicial". Respecto a la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, dijo que todavía no se ha decidido ello porque las reglas de la justicia internacional dicen que primero se tienen que agotar las vías internas "que ahora se abrirán en el Poder Judicial".
Precisamente al Poder Judicial se solicitará que se disponga la permanencia de Loayza en Lima en aras de resguardar su vida. Mientras tanto --refirió-- su situación en el Ministerio Público quedaría pendiente de lo que decida el Poder Judicial.
Quiroga también explicó que presentó el recurso de nulidad porque la figura de traslado temporal no existe en el reglamento del Ministerio Público y porque no se valoró el informe del Ministerio del Interior sobre las amenazas. Pero lo que sí dice el reglamento --recordó-- es que un fiscal debe ser traslado por razones de seguridad. Así lo dice la Resolución 003 de la junta de fiscales del año 2001.