Los criminales del grupo Colina y toda su cadena de mando finalmente deben ser sancionados. ¡Pero basta de desprestigiar institucionalmente a nuestras FF.AA.!
Por Hugo Guerra
Como usted sabe, buen lector, 'vómito negro' describe coloquial-mente la revelación abrupta de los secretos y conductas más escabrosos y abyectos en los que alguien pueda incurrir. Y eso, precisamente, han hecho los ex miembros del infame grupo Colina en el juicio contra Fujimori.
La descripción minuciosa de su organización, métodos de guerra sucia, planificación de asesinatos y detalles de aniquilamientos remarca que se trató de una política no institucional, pero sí paralelamente tenebrosa de aquel ejército comandado por Hermoza Ríos, Montesinos y el dictador que hoy calienta el banquillo de los acusados.
Demuestra, además, que la guerra sucia fue planificada por mentes desquiciadas y aplicada por inmorales que quizá inicialmente tuvieron desorientaciones ideológicas pero luego actuaron como sicarios al servicio de intereses particulares, con la motivación del dinero, los ascensos y la expatriación.
En un extremo, todos cuantos de alguna manera apoyamos periodísticamente desde el primer día las investigaciones sobre las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos, entre otros crímenes de lesa humanidad, fuimos advertidos de problemas de seguridad personal y familiar, como consta en los testimonios de la CVR.
En el otro extremo es falaz que en todos los países existan equipos de inteligencia operativa descontrolados. En las democracias reales siempre existen controles políticos ejercidos por el poder civil. Y hay sanciones como las que, ojalá, se impongan a estos miserables del Colina para que nunca se repitan actos genocidas.
Pero ese caso, así como algunos otros puntuales que deben terminar su proceso judicial, requieren ser encapsulados como tumores malignos. Impedir la impunidad es muy diferente a tolerar que el extremismo vinculado con la subversión siga una campaña de hostigamiento, desprestigio y erosión permanente de nuestras FF.AA. y de los indispensables servicios de inteligencia que requieren urgente blindaje político y repotenciamiento institucional.
La desaparición de las FF.AA. es ilusoria en un país donde los riesgos de la seguridad nacional siguen siendo muy altos. Por tanto la profesión militar requiere ser revaluada y a nuestro Ejército así como a la Marina y la FAP deben restituírseles los presupuestos, equipos, potestades y la nobleza que les son inherentes, preservando con regulación precisa su fuero de justicia. Sí hay que sancionar a un puñado de asesinos. Mas permitir la horadación de los institutos castrenses es una estupidez.
Mario Vargas Llosa acaba de dar una lección democrática según la cual reconocer los méritos democráticos y eficiencia de un gobierno no implica deponer diferencias ideológicas.
Algo equivalente debemos hacer ciudadanos y partidos con nuestros militares poniendo fin a la exclusión cívico-castrense. No con los necios afanes guerreristas de Ollanta, sino con la intención de que hoy, bajo la gestión del ministro Ántero Flores-Aráoz, se cierre un capítulo de oprobio originado en la corrupción de una cúpula malsana que felizmente está ya en prisión.