Por Elizabeth Salazar
Las polémicas concesiones en las playas de Barranco para construir modernas zonas turísticas o recreativas siguen reportando indicios de ilegalidad. Esta vez, la Contraloría General de la República hizo públicos los resultados del examen especial que realizó para evaluar la forma como se dio luz verde al proyecto Playa Barranco Complejo Turístico y en los cuales se encontró indicios de ilícito penal no solo en ex funcionarios del concejo barranquino, como el ex alcalde Martín del Pomar, sino también en un miembro de la Autoridad del Proyecto de la Costa Verde (APCV) de aquel entonces.
A diferencia de otros informes, la Resolución 034-2008, publicada ayer en "El Peruano", señala la responsabilidad directa del organismo que debería velar por las playas de la Costa Verde, específicamente por parte de una ex funcionaria que --de acuerdo con la resolución-- "intervino en la emisión de diversos documentos relacionados a la aprobación del proyecto". El nombre de esa funcionaria no se incluye en la resolución, pues --según personal de la contraloría-- este no puede ser revelado en aras de preservar la idoneidad del proceso.
La resolución suscrita por el contralor Genaro Matute señala entre sus considerandos que la concesión fue aprobada contraviniendo el Plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde y alterando áreas de uso público, "indicios razonables para presumir la comisión de delitos de autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley; además de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales". En este sentido, se autorizó el inicio de acciones legales contra los funcionarios involucrados, quienes podrían recibir hasta dos años de prisión y la inhabilitación en el cargo, según lo establece el Código Penal.
IRREGULARIDADES
En el Acuerdo de Concejo 078-2005, al cual tuvo acceso El Comercio, se confirma el respaldo que tuvo la municipalidad por parte de la APCV para dar luz verde a la obra, pues en su tercer considerando señala: "La Autoridad del Proyecto Costa Verde ha emitido la certificación al referido proyecto que determina que se ajusta a los lineamientos urbanísticos y de zonificación de los usos del suelo y del mar que se establecen en el Plan Maestro y reglamento de la Costa Verde". Este supuesto ajuste a las normas ha sido desmentido por la resolución de la contraloría.
"Las sanciones son muy blandas para estos hechos. El personal de la APCV estaba pasando de costado, pese a que sus funcionarios han convalidado todas las concesiones efectuadas en detrimento de las playas de Barranco, conforme se viene acreditando", sostuvo el especialista en derecho municipal Marco Tulio Gutiérrez.
Nos comunicamos con Ricardo de la Piedra, presidente de la APCV en la época en que ocurrieron los hechos denunciados por la contraloría, y que ejerció esa función hasta agosto del 2007; sin embargo, se excusó de dar declaraciones, pues dijo no tener conocimiento de la resolución. "Hasta no leerla no podré decir nada", señaló. Intentamos comunicarnos con el actual presidente del grupo, Germán Velasco, pero no fue posible.
Cabe recordar que en la Resolución 326-2006-CG, de noviembre del 2006, la contraloría ya había confirmado la comisión de irregularidades en esta obra, pues se evidenció que el concejo aprobó la iniciativa de la constructora, pese a que esta carecía de la evaluación de impacto ambiental, evaluación financiera del proyecto, información sobre costos, entre otros.
EL DATO
El proyecto
De acuerdo con el informe de la APCV, el proyecto Playa Barranco incluye un restaurante, estacionamientos y dos módulos de servicios higiénicos ubicados junto al puente peatonal; además de la ampliación del espigón para instalar un paseo peatonal y una pérgola.