Gobierno y juristas discrepan por autonomía de los procuradores

Por Ítalo Sifuentes Alemán

Reconocidos juristas como Raúl Ferrero, Enrique Bernales y Juan Monroy Gálvez pidieron ayer salvaguardar la independencia del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) evitando que se nombren a más militantes del Partido Aprista como procuradores sectoriales.

A la fecha, son tres los afiliados al partido de gobierno que laboran como defensores del Estado: Ricardo Castro Belapatiño, procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Juan Luján Vargas, procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Julio Merodio Llanos, procurador adjunto del Ministerio de Agricultura.

Ellos están bajo las indicaciones de la presidencia del CDJE, a cargo de Moisés Tambini del Valle, también militante del partido de la estrella, quien considera que no hay nada que cuestionar porque los nombramientos de los procuradores se hicieron según lo establecido por la ley, es decir, se recibió a los candidatos que para el puesto presentaron los titulares de los respectivos ministerios y se les realizó la evaluación correspondiente.

"Se elige al más capaz de los candidatos, al que es idóneo para el desempeño de la función. El perfil es que sea honesto, tenga experiencia y la preparación adecuada, especialmente en derecho penal porque interviene en procesos judiciales. Para la contratación yo no tomo en cuenta la filiación política, a mí lo que me interesa es que las procuradurías estén servidas por gente capaz", agregó Tambini del Valle.

Bernales retrucó que para el cargo también debe exigirse ser apolítico, ya que de por medio está la defensa de los intereses del Estado y no la de los del gobierno de turno. "Hay entidades estatales a través de las cuales se siguen programas de gobierno y es factible que este coloque a sus mejores cuadros; en cambio, hay organismos como el CDJE que no pueden estar sometidos a ninguna directiva política o programa de gobierno. Menos a la tutela interesada de un partido".

Ferrero recalcó que si el Poder Ejecutivo pretende no tener injerencia en el Poder Judicial, debe nombrar entonces a procuradores que no posean un compromiso con el gobierno. "El presidente del CDJE es siempre una persona allegada al gobierno, pero lo que está mal es que nombre a otros integrantes de su agrupación en puestos en los cuales se necesita gente imparcial, y que intervenga en los procesos judiciales con argumentos realmente técnicos e independientes", apuntó.

UNA CERRADA DEFENSA
Por su parte, el titular de la PCM, Jorge del Castillo, consideró que era inaceptable vetar a un profesional por su militancia aprista. "En el Perú no se permite discriminar a las personas por sus ideas. Decir tú eres aprista, no puedes ser procurador, eso es un veto inaceptable. Así como nosotros nos hemos comprometido a no preferir el carnet sino la capacidad profesional, tampoco podemos aceptar que se diga: 'Si eres aprista, ¡fuera!'".

El jefe del Gabinete señaló que el caso no merece mayor atención, ya que solo se trata de tres casos de procuradores apristas de los 15 que hay en otros tantos sectores. "Eso no es nada", refirió notoriamente fastidiado.

Los procuradores perciben un promedio de S/.6.700 mensuales, de los cuales poco más de la mitad corresponde a bonos. Este es el caso concreto del procurador Castro Belapatiño.

Consultado sobre la capacidad moral de los procuradores, Tambini señaló: "Ni bien se detecta una inconducta funcional se les pasa su carta de despido y punto, porque ellos tienen vínculos que en cualquier momento se pueden dejar de lado al estar contratados bajo la modalidad de servicios no personales".

Al margen de la saludable actitud sancionadora, Monroy Gálvez señaló que ello revela la precariedad laboral en que se encuentran los procuradores, lo cual --dijo-- es resultado de una defectuosa concepción del CDJE que debe ser corregida como parte de la esperada reforma del Estado.

En tanto --agregó-- el resultado es que los abogados del Estado no solo están fuera de la carrera pública, sino que, al no haber bases ni formación sólida en materia de defensa judicial del Estado, esta institución siempre corre el riesgo de ser tomada por los gobiernos de turno.

EL CDJE fue creado mediante el Decreto Ley 17537 y es el órgano del Ministerio de Justicia encargado de coordinar las actividades de los procuradores públicos. Su presidente tiene la atribución de "supervisar y controlar el ejercicio de la defensa de los intereses del Estado" en todo el país.

EN PUNTOS
Abogados unidos por el partido
A Moisés Tambini del Valle fue diputado por el departamento de Junín, vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, vicepresidente de la Confederación de Abogados de los Países Andinos y decano del Colegio de Abogados de Junín.

B Juan Luján Vargas fue procurador del desaparecido Ministerio de Pesquería, procurador adjunto ad hoc del Caso Bancoper y juez provisional del Segundo Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho.

C Julio Merodio Llanos fue, entre febrero y junio de 1992, abogado de la oficina general de asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura y entre julio de 1992 y enero del 2000, abogado de la Dirección Agraria de Lima y Callao.

D Ricardo Castro Belapatiño integró la Dirección Nacional de Justicia del Partido Aprista. Como procurador de la PCM, asumió la defensa de entidades como Devida, Consucode, Indeci, INEI, Osinerg y Osiptel.