En defensa de la autonomía del sistema de procuradores

Las críticas que ha suscitado el nombramiento de tres procuradores de filiación aprista han actualizado el debate público sobre lo que debe y no debe ser el sistema de defensa legal del Estado.

Destacados juristas como Juan Monroy, Enrique Bernales y Raúl Ferrero han reafirmado que la titularidad de las procuradurías debe recaer en profesionales capaces, con trayectoria ética pero también, y sobre todo, de reconocida independencia política.

Las razones son evidentes. Se trata del equipo profesional encargado de defender al Estado --y no al Gobierno de turno-- por lo que no debe haber ninguna duda, confusión o incompatibilidad. De allí que nombrar procuradores apristas, aparte de contradecir el principio de que el Estado no puede ser objeto de clientelismo político, podría sembrar serias dudas sobre la voluntad del gobierno de no interferir en el sistema judicial.

Además, la tarea es monumental, pues se trata de miles de juicios (más de 300 mil) que tienen que ser evaluados y afrontados con todos los recursos que prevé la ley, lo que a su vez demanda una mirada imparcial y objetiva, desligada de cualquier amiguismo o anteojera política. A propósito, en sus recientes entregas para desterrar el perro del hortelano, el mismo presidente Alan García propuso que el Estado desista de juicios por menos de 100 mil soles, con lo que se pueda reducir el trabajo de los procuradores.

Luego, es mucho lo que puede ganar o perder el Estado según la calidad de sus procuradores. Hace pocos meses, dejamos constancia de las negativas consecuencias que había traído la pobre defensa del Estado Peruano ante el sistema interamericano de derechos humanos y frente al actual deterioro del sistema anticorrupción.

El asunto es muy importante y complejo, por lo que no puede ser tratado de modo ligero. Por el contrario, debemos aprovechar la coyuntura para reiterar no solo la urgencia de la reforma del Estado, sino la inclusión dentro de ella del sistema de procuradurías, para asegurar su autonomía, incrementar su eficacia y respetabilidad y blindarlo de cualquier interferencia politiquera.